Los movimientos de pensionistas de Bizkaia y Araba han coincidido este lunes en apostar por seguir movilizándose en defensa de un sistema público de pensiones, porque "hay motivos para redoblar nuestra presencia en la calle", como ha dicho Andrea Uña, portavoz del Movimiento de Bizkaia.
Los pensionistas de Bilbao y Gasteiz han celebrado sus habituales concentraciones de los lunes, donde las propuestas del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, han centrado las intervenciones.
Ante el Ayuntamiento de Bilbao, Uña ha advertido sobre las propuestas del gobierno que "nos siguen viniendo con cuentos. Escrivá habló de la brecha de género. Las mujeres tenemos más contratos parciales y sufrimos la economía sumergida y de ahí vienen nuestras pensiones de miseria".
"La clave -ha subrayado- es conseguir la pensión mínima de 1.080 euros", y por ello, van a seguir con su apuesta por la movilización, "luchando por nuestros derechos y apoyando a sanitarios y trabajadoras de residencias".
Por ello, en los próximos días se sumarán a la manifestación convocada este sábado en Bilbao contra el cierre nocturno del Punto de atención continuada (PAC) de Deusto, y, una semana después, habrá una manifestación el próximo 13 de febrero en las tres capitales vascas y en Iruñea.
También las reformas han sido las protagonistas de la concentración en Gasteiz, en la plaza Nueva. Allí, el Movimiento de Pensionistas de Álava ha denunciado la intención tanto del Gobierno español como de la Unión Europea de "generalizar los planes de pensiones privados" con la creación de un nuevo marco jurídico para impulsar un fondo de promoción pública y gestión privada.
Los pensionistas alaveses han criticado la insolidaridad de los fondos privados al basarse en "la especulación financiera" y en hacer "negocio con las necesidades sociales" al buscar únicamente su rentabilidad.
Arabako Pentsionistak han reclamado medidas para paliar "la brecha de género" en el sistema de pensiones y ha rechazado la de ampliar el periodo de cálculo de la pensión hasta los 35 años trabajados, una iniciativa que "el rechazo social ha obligado a retirar por ahora".
También el movimiento de pensionistas de Araba ha animado a la sociedad a seguir movilizándose en defensa de un sistema público de pensiones de cara a presionar para que la negociación de la nueva Ley de pensiones no suponga "un recorte de derechos".
