El Gobierno anunció ayer que está estudiando cómo castigar a los empresarios que dan de baja a sus trabajadores durante las vacaciones. Es decir, a aquellos que utilizan los contratos temporales para ahorrarse el pago de las cotizaciones, una práctica que en algunos casos llega incluso a encadenar contratos semanales que empiezan el lunes y terminan el viernes. "Se trata de una práctica intolerable y vamos a penalizarla", prometió ayer el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.
El ministro denunció que esta práctica "se ha convertido en algo cultural en España", que no sucede en otros países del entorno y que no puede aceptarse como válida, por lo que se penalizará, de forma que también se contribuirá a luchar contra la temporalidad y el alto grado de rotación de contratos que existe en España. También para combatir la temporalidad instó a revisar el "nicho de contratos temporales" que existe en los sectores de Educación y Sanidad.
Los contratos temporales y los contratos a tiempo parcial pagan actualmente una cotización más alta que los indefinidos, pero no por las contingencias comunes de la Seguridad Social, sino por las cuotas del seguro de desempleo, ya que el ministerio tiene en cuenta la alta probabilidad de que los trabajadores . No obstante, no lo hacen en la parte correspondiente a las llamadas contingencias comunes sino en las cuotas que se pagan al seguro de desempleo, como forma de compensar la mayor probabilidad de que el trabajador tenga que recurrir a las prestaciones.
Por otro lado, Escrivá afirmó que todo el esquema de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) puesto en marcha para paliar los efectos de la pandemia tendrá un coste este año de 30.000 millones de euros. Por el contrario, no se aventuró cifrar el gasto que este mecanismo supondrá en 2021 porque dependerá de muchos factores, entre ellos por cuánto tiempo se prolongan los ERTE una vez finaliza su actual vigencia, que alcanza hasta el próximo 31 de enero.
En todo caso, señaló que en enero se volverá a discutir con los agentes sociales sobre el marco de los ERTE y su posible extensión, momento en el que ya se podrán tener en cuenta además algunos datos sobre las vacunas contra el coronavirus.
Asimismo, y en el marco de la reforma laboral que "requieren" a España las autoridades europeas en el contexto del Plan de Recuperación y Resiliencia, Escrivá señaló que en dicha reforma deberán incluirse los ERTE, pero orientados a empresas que tengan necesidades temporales de reestructuración y vinculados a la negociación colectiva y a la formación.
Al mismo tiempo, explicó que otro de los objetivos de la reforma que se tiene que hacer en el mercado de trabajo debe ser el de mejorar las políticas activas de empleo y el refuerzo de los mecanismos de movilidad laboral. En este sentido, considera que "hay que propiciar mucho más" la movilidad de los trabajadores a zonas con más oportunidades de encontrar empleo, lo que a su vez tiene relación con la vivienda y con las ayudas a la conciliación.
En cuanto a la semana laboral de 4 días, Escrivá ha asegurado que no existe ninguna propuesta "sólida" en el ámbito del Gobierno. El ministro observa que las medidas adoptadas para combatir los efectos de la pandemia conllevarán un aumento de la deuda y el déficit público, que requerirá de un plan de consolidación fiscal a medio plazo. Escrivá destacó la importancia de que los objetivos que se fijen sean alcanzables y no demasiado ambiciosos para evitar su incumplimiento.
Sobre el plan para ayudar a la hostelería en el que trabaja el Gobierno, el ministro Seguridad Social no quiso entrar en muchos detalles pero sí avanzó que contendrá medidas fiscales y exoneraciones en el pago de cuotas a la Seguridad Social.
Por otro lado y en relación a la futura reforma de las pensiones, Escrivá señaló que, ahora que ya se tienen las recomendaciones del Pacto de Toledo, se está discutiendo esta materia en el ámbito del diálogo social y con las autoridades europeas. Por ello, quiso ser discreto y no revelar detalles sobre esta futura ley, aunque ya es conocido que el Ejecutivo baraja la posibilidad de ligar las pensiones al IPC, que sube en torno a un punto por década, según los informes del Banco de España.
Pablo Hernández de Cos. En relación a la reforma laboral, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, señaló que las que se hicieron en 2010 y 2012 contribuyeron a mejorar el mercado laboral pero se quedaron cortas en dos de sus grandes problemas estructurales: la dualidad y la elavada tasa de paro de larga duración. En este sentido, Hernández de Cos cree que es ahí donde deben focalizarse las reformas laborales y ser "valientes" a la hora de aplicar las distintas medidas que se han ido proponiendo para combatir la dualidad del mercado de trabajo.
