Condenan a 131 controladores y a Aena por la huelga de 2010

La sentencia les obliga a pagar 13 millones de euros a los perjudicados por el cierre del espacio aéreo

16.10.2020 | 01:17
Aviones junto a la torre de control en la T-4 del aeropuerto de Barajas, en una jornada de paros parciales de los controladores en 2015. Foto: Efe

madrid – La titular del juzgado de lo Penal número 18 de Madrid ha condenado a 131 controladores aéreos a multas de entre 15.000 y 31.500 euros, así como al gestor aeroportuario Enaire –antes Aena– como responsable civil subsidiario, por abandono del servicio público durante la huelga de diciembre de 2010.

Absuelve, en cambio, a dos de los acusados por la Fiscalía, uno de ellos el que fuera portavoz de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), César Cabo, que no pactó con el Ministerio Público y contra el que no se han encontrado pruebas, ya que en el momento de los hechos se encontraba de viaje en Asia. El otro exonaerado es un controlador que acreditó que su parte médico de baja laboral "respondía a una realidad clínica".

El fallo, que contempla como atenuante las dilaciones indebidas que ha sufrido el proceso, también reconoce el abono de más de 13 millones de euros a los perjudicados por el cierre del espacio aéreo durante cerca de 20 horas, en concepto de responsabilidad civil.

De dicha cantidad tendrán que hacerse cargo todos los condenados de forma conjunta y solidaria junto con la empresa pública, Enaire.

abandono del servicio público En su sentencia, cuyo contenido íntegro se conocerá en los próximos días, la magistrada considera probado que los acusados "adoptaron un mecanismo de presión laboral consistente en abandonar sus puestos de trabajo de forma masiva, paralizando, de esta forma, el tráfico aéreo, y ello bajo la dirección de los miembros de la Junta Directiva y delegados sindicales del sindicato USCA".

Recuerda que de los 133 controladores acusados, 119 reconocieron durante el juicio los hechos que recoge el escrito de la Fiscalía, que sostenía que USCA planteó el modo de actuar para ejercer presión sobre Aena y el Gobierno en un conflicto que se remontaba a enero de ese año, durante las negociaciones del segundo convenio colectivo del sector.

Tras acusarse mutuamente de negociar sin voluntad de alcanzar un acuerdo, en febrero el Gobierno aprobó un real decreto ley que devolvía a Aena la gestión y el control del tráfico aéreo, en manos de los controladores desde 1999.

"En una acción colectiva y concertada con el fin de paralizar la actividad aeronáutica al margen de cualquier negociación colectiva u otra vía legal, presentaron ante el responsable de la sala dicho documento, escrito de su puño y letra, en el que alegaban una disminución significativa de sus capacidades psicofísicas para desempeñar su puesto", defendía la Fiscalía.