- La fusión de Caixabank y Bankia, que dará lugar al mayor banco de España, tendrá un impacto sobre el empleo que aún no se ha concretado, aunque se prevé que se produzca el mayor ajuste de personal realizado nunca en el sector bancario español, con una cifra de afectados que podría rondar los 8.000 sobre una plantilla total de unas 51.300 personas.

Después de que los consejos de administración de las dos entidades, que tienen una cuota de mercado del 18% en la CAV y del 44% en Navarra, dieran luz verde el pasado jueves a la creación del nuevo banco, una de las principales incógnitas que quedan por despejar es la dimensión del recorte de plantilla que conllevará la fusión.

Pese a que el consejero delegado de Caixabank y hombre fuerte del nuevo banco, Gonzalo Gortázar, consideró que es prematuro abordar esta cuestión ya que aún se tardarán seis meses en definir las posibles duplicidades entre las redes, los sindicatos ya han reclamado que las bajas sean voluntarias y han augurado unas negociaciones duras y complicadas.

Lo cierto es que la reducción de plantilla es un pilar básico del plan de sinergias y del recorte de costes en el nueva Caixabank, que calcula unos gastos para la reestructuración general de 2.200 millones de euros, de los que una parte irán a pagar el expediente de regulación de empleo (ERE). Según fuentes del sector, el número de trabajadores afectados por el ERE podría situarse en alrededor de los 8.000 ó 7.500, atendiendo a que esta es la cifra aproximada de empleados de los dos bancos fusionados que tienen este año 52 años de edad o más. El recurso a las prejubilaciones, además de las bajas incentivadas, es el preferido por los sindicatos y el que ha sido utilizado por el sector bancario en otros procesos similares ya que es el que crea menos conflictividad laboral.

Sin embargo, Gortázar y el presidente de Bankia y del nuevo Caixabank, José Ignacio Goirigolzarri, han abogado por buscar también otras fórmulas más “creativas” e innovadoras.

Fuentes sindicales de Bankia admiten que puede haber reticencias a recurrir a prácticas del pasado, como la generalización de las jubilaciones anticipadas, ya que choca con las consignas políticas actuales en España, por lo que apuntan a que podrían aplicarse otras medidas como la externalización de varios servicios.