- El 41% de las personas que se han jubilado en España en los últimos diez años lo ha hecho con menos de 65 años, la edad legal actual, según los últimos datos de la Seguridad Social. En total, desde julio de 2010 a julio de 2020, en España se han tramitado 3,02 millones de altas de jubilación, de las que 1,24 millones -ese 41 %- eran de personas menores de 65 años, es decir serían anticipadas, tanto voluntarias como involuntarias, mientras que el 59% restante, 1.782.865, tenían por encima de esa edad. Dentro de esas jubilaciones antes de los 65 años, la mayor cifra está en los 61 años, con 449.939; el 14,8% del total de altas; mientras que por debajo de 60 años constan 111.725 altas. En 62 años se suman 134.700, en 63 años, 334.657 y en 64 años, 214.269. En este último año, desde julio 2019 a julio 2020, el esquema sigue siendo similar con 108.877 altas de jubilados, tanto voluntarias como no, de menos de 65 años, lo que representa el 37% del total de 295.401 de nuevas altas en el sistema.

Analizando la tendencia de las voluntarias -y de acuerdo con los datos facilitados esta semana por el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, en la comisión del Pacto de Toledo- estas jubilaciones anticipadas han seguido una curva ascendente en los últimos años -con algunos retrocesos en 2012, 2014 y 2018- mientras que los retiros demorados de forma voluntaria se han mantenido estancados.

Así, las primeras suponen actualmente el 16% del total de pensiones mientras que las demoradas voluntarias apenas superan el 4%. "La caída del número de las jubilaciones involuntarias ha sido más que compensada por el crecimiento de las jubilaciones voluntarias", apuntaba en su presentación.

El resultado es una edad efectiva o real de jubilación en España de 64,6 años frente a la legal de 65,8 años en este momento y que alcanzará los 67 en 2027. Y, en esa diferencia, es donde el ministro de Seguridad Social ha vuelto a insistir como una de las líneas de trabajo para asegurar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones. Según los cálculos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), reiteraba, por cada año que consigamos aumentar la edad efectiva de jubilación, se pueden ahorra hasta 1,2 puntos del PIB.

Con estas cifras, la intención del Gobierno es legislar, una vez cerrados los acuerdos del Pacto de Toledo, para, por un lado incentivar mejor, es decir que se note más en la cuantía de la pensión final, al que decida atrasar de forma voluntaria su salida del mercado y, por otro, reforzar las fórmulas para compatibilizar la pensión con el trabajo, la denominada jubilación activa. Actualmente, calcula el Gobierno, los incentivos económicos son "muy pobres" -entre el 2% y el 4% de incremento sobre la base reguladora por cada año trabajado de más- en comparación con los de otros países.

Estas dos vías, incentivar mejor al que se jubile más tarde y hacer menos atractivas las prejubilaciones para los salarios más altos, forman parte de una de las cuatro líneas de acción que el Gobierno quiere abordar en la reforma de las pensiones.