- Gobierno y agentes sociales han iniciado los contactos para prorrogar los ERTE más allá del 30 de septiembre, con el compromiso de no “dejar a nadie atrás” y la coincidencia de que el acuerdo no se hará solo por sectores y se mantendrán las prestaciones de los trabajadores afectados. Tras la reunión de ayer en Palma de Mallorca, las partes se han emplazado a continuar los trabajos el lunes con la intención compartida de no dejar el acuerdo para el último momento, mantener los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en caso de nuevos cierres por rebrotes y que la ampliación de las condiciones no se haga solo con criterios sectoriales, así como que las prestaciones de los afectados no se vean recortadas a partir del sexto mes.
Por el contrario, estarán sobre la mesa de negociación algunas diferencias en los esquemas de ayudas a las cotizaciones a la Seguridad Social, donde patronal y sindicatos piden que se exonere más a las empresas y trabajadores que no han vuelto a la actividad, así como en poner o no fecha límite de vigencia a este nuevo acuerdo.
A esta primera reunión asistieron los ministros de Trabajo y de Inclusión, Yolanda Díaz y Jose Luis Escrivá, respectivamente; los presidentes de las patronales CEOE y Cepyme, Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva; y los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo.
Entre los puntos de acuerdo con los que arranca la negociación de este tercer acuerdo, Díaz mostró la “sensibilidad” del Gobierno a mantener la cuantía de prestación extraordinaria de los trabajadores en ERTE en el 70 % de la base reguladora, evitando que a partir del sexto mes ésta se reduzca al 50 %.
Escrivá consideró el encuentro “útil” y “sustantivo”, y confió en que con esta ampliación del sistema de los ERTE “aporte certidumbre a trabajadores y empresas que siguen afectados por la pandemia”.
Con este pistoletazo de salida, Gobierno y agentes sociales tienen por delante ahora muchas horas de negociación para lograr limar algunas diferencias. Entre los puntos de desencuentro está la duración de esta próxima prórroga, ya que los agentes sociales reclaman que no se plantee únicamente hasta el 31 de diciembre sino indefinido, aunque se revise periódicamente.
También hay diferencias en cuanto al sistema de exoneraciones en las cotizaciones sociales, que son más elevadas para las empresas que tienen trabajadores en activo que para aquellas que no.
Sindicatos y patronal quieren que se exonere más a las empresas paradas, es decir que las empresas paguen menos cotizaciones por los trabajadores que no ha incorporado a la actividad que por los que sí, algo que el Gobierno se compromete a estudiar.