La CNMC investiga a Idealista por inflar precios
La investigación afecta a Look& Find y otras empresas ligadas a la intermediación inmobiliaria por internet
madrid- Los precios de los pisos podrían no ser tan elevados en el mercado si no fuese por las prácticas de algunos portales inmobiliarios que se habrían aliado para concertar precios y tarifas y encarecer la vivienda.
Esto es al menos lo que sospecha la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ha puesto en marcha un expediente sancionador contra siete empresas vinculadas con la intermediación inmobiliaria por fijación de precios y otras prácticas anticompetitivas. Las empresas investigadas son algunas tan conocidas como el portal inmobiliario Idealista, empresa de la que Kutxabank vendió su participación hace unos años y que negó "tajantemente" alterar precios, o la franquicia inmobiliaria Look&Find. Además están investigadas CDC Franquiciadora Inmobiliaria; Aplicaciones Inmovilla; Witei Solutions; Anaconda Services and Real Estate Technologies; y Servicio Múltiple de Exclusivas (MLS).
La CNMC está investigando posibles prácticas anticompetitivas, consistentes en acuerdos o prácticas concertadas para la fijación, directa o indirecta de precios y otras condiciones comerciales de la intermediación inmobiliaria, así como el intercambio de información comercialmente sensible, con particular incidencia en la vivienda residencial. "El motivo es la existencia de posibles prácticas restrictivas de la competencia prohibidas", destaca la CNMC.
En Competencia sospechan que los altos precios de los portales de vivienda calientan el mercado inmobiliario en el Estado español.
Los días 18, 19 y 20 de noviembre se realizaron inspecciones domiciliarias en las sedes de varias empresas que operan en el citado mercado. Estas inspecciones forman parte de la investigación abierta por la CNMC tras haber tenido conocimiento de la posible existencia de prácticas anticompetitivas.
El precio de los pisos lleva años subiendo en el Estado español, un ciclo de alzas que comenzó en 2014 coincidiendo con la salida de la crisis, que azotó a la economía con mayor fuerza en parte por el estallido de la burbuja inmobiliaria que se había gestado años antes.
Varias firmas y asociaciones del sector de la intermediación inmobiliaria que operan en el ámbito, regional y local habrían llevado a cabo dichas prácticas en relación con la fijación de las comisiones por la venta y el alquiler de inmuebles.
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