Semanas laborales de cuatro días y seis horas por jornada. En total, 24 horas de ocupación profesional a la semana. Sin duda, una revolucionaria declaración de intenciones llegada en los últimos días desde Finlandia que como no podía ser de otro modo ha generado un debate con impulsores y detractores a partes iguales. Aún siendo solo una apuesta teórica lanzada hace unos meses por Sanna Marin, primera ministra del país escandinavo y la jefa de Gobierno más joven del mundo (34 años), la medida no está exenta de críticas, pues son numerosas las voces de quienes consideran que una reducción de las horas de trabajo sin ir acompañada de una reducción del salario supondría un mayor coste para las empresas.

Un extremo que los partidarios, en cambio, descartan de plano, pues a su juicio, una disminución del número de horas trabajadas al cabo del día lo que provocaría sería un aumento de la productividad en la plantilla, de tal manera que el efecto positivo de la medida sería colectivo. Siendo esto así, la revolucionaria medida deberá esperar, pues el Gobierno finés desmintió la semana pasada que se haya avanzado en su implementación o que se esté valorando hacerlo, como planteó la primera ministra, que el pasado mes de agosto -antes de acceder al cargo- se preguntó por qué este tipo de medidas no tendrían sentido en su país. "Creo que las personas merecen pasar más tiempo con sus familias, seres queridos, pasatiempos y otros aspectos de la vida, como la cultura", advirtió en este sentido la representante de Finlandia, cuya gobernanza, de manera histórica, siempre ha estado a la cabeza en Europa en cuanto a la aplicación de medidas en favor de la flexibilización de los horarios de trabajo. Propuestas de conciliación como la ley Pacto de Horas de Trabajo de 1996, que permite a los trabajadores ajustar sus horas de trabajo hasta tres horas antes o más tarde al comenzar o terminar.

Pero, ¿y en Euskadi? ¿Tendría sentido plantear un debate que no pocos sectores del ámbito empresarial han calificado como un "experimento"? Con la cautela como punto de partida y la coincidencia con el Gobierno finés en cuanto a la necesidad de seguir fomentando la conciliación corresponsable entre hombres y mujeres, Jon Azkue, viceconsejero de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco, insiste en la necesidad previa de alcanzar acuerdos y transacciones "equilibradas" entre las necesidades de las personas y las características de las empresas y sus procesos productivos. Un escenario éste solo posible a través del diálogo social y la negociación y nunca por medio de la adopción de medidas generales unilaterales. "No es la vía que contemplamos", advierte el viceconsejero. En parecidos términos se postula la patronal SEA Empresas Alavesas, consciente de igual modo de la necesaria conciliación de la vida personal, familiar y profesional para retener y atraer el tan necesario talento que la actual pirámide demográfica vasca está convirtiendo en el nuevo Dorado empresarial. A partir de ahí, Juan Ugarte, director general de SEA, sitúa sobre la mesa el perfil profundamente industrial y exportador de la economía alavesa, dependiente en un altísimo grado de los mercados internacionales "donde el precio de nuestros productos los impone el cliente y no la resultante de nuestros costes", sostiene el directivo. En este sentido, es responsabilidad de cada empresa y cada sector saber hasta dónde se puede flexibilizar la jornada laboral para que todas las plantillas mejoren y avancen en sus actuales condiciones, interpreta Ugarte.

CASOS EN SUECIA Y FRANCIA En el horizonte, ejemplos cercanos de países y empresas que ya en su día abordaron el debate de la reducción de la jornada laboral con un recorrido ciertamente escaso. Suecia, por ejemplo, implementó durante un par de años jornadas de seis horas -lo hizo en el Ayuntamiento de Gotteborg-, sugiriendo los resultados cosechados un éxito al aumentarse la productividad. Así y todo, a día de hoy la ley laboral sueca sigue apostando por una semana laboral de 40 horas.

Otro tanto de lo mismo ocurre en la vecina Francia, donde la semana laboral estándar pasó de 39 a 35 horas en 1997 tras la aprobación de la llamada ley Aubry. Una reducción que buscaba crear empleo mediante el reparto de jornadas más cortas de forma voluntaria ofreciendo incentivos fiscales y ayudas públicas a las empresas de más de 20 trabajadores primero y a las pymes a partir de 2002. No funcionó. El grueso del tejido empresarial francés no vio con buenos ojos esta medida y actualmente, los trabajadores y trabajadoras galos invierten en sus empresas una media de 40,4 horas, según Eurostat. Más allá de si Finlandia impulsará o no jornadas de trabajo de cuatro días semanales y seis horas por jornada, desde CCOO de Euskadi la apuesta en este sentido centra el debate en la negociación colectiva sectorial a través de la modificación legal de la misma. "La reducción progresiva de la jornada no solo es posible sino que a nuestro juicio es necesaria como fuente generadora de empleo", sostiene Garbiñe Espejo, responsable de Acción Sindical.

A juicio de esta central, son muchos y diferentes los estudios conocidos sobre el impacto de la digitalización y la conocida Industria 4.0, que tienen como común denominador el aumento de la productividad acompañada de una reducción del empleo como consecuencia de esta digitalización. Por eso se insiste desde CCOO la apertura de un debate sobre la reducción de la jornada para frenar lo máximo posible la pérdida de empleo que se pueda ocasionar a corto y medio plazo. "Este aumento de la productividad va a conllevar un incremento de los beneficios de las empresas, por lo que ha de producirse un reparto más justo de la riqueza que se genera entre capital y trabajo", insiste Espejo, que entiende que una de las medidas encaminadas a lograr estos objetivos sería permitir una reducción de la jornada que no llevara pareja una reducción salarial.