MADRID - El Gobierno español quiere recortar las retribuciones a las compañías eléctricas por sus actividades reguladas de transporte y distribución eléctrica de cara al año 2020. Así, el Ministerio para la Transición Ecológica, tras la conformidad del Consejo de Ministros, ha iniciado los trámites del anteproyecto de ley que establece las nuevas tasas de retribución financiera aplicables a las distintas actividades con retribución regulada del sistema eléctrico para el periodo 2020-2025, proponiendo una tasa de retribución del 5,58% para las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica y del 7,09% para la actividad de producción a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.

De esta manera, el Gobierno español avala la propuesta de tasas a estas actividades para el segundo periodo regulatorio que había realizado el pasado mes de noviembre la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que supone un recorte del 14,1% con respecto a la retribución actual del 6,503% para los negocios de redes y generación no peninsular y un 5,5% menos con respecto al 7,503% vigente para las energías renovables.

La principal novedad en la propuesta de la CNMC era la metodología que seguía para establecer la tasa de rentabilidad, basándose en el coste medio ponderado del capital (WACC en inglés), que es la metodología más comúnmente aplicada por los reguladores europeos dentro del ámbito de sus competencias para establecer la tasa de retribución de las actividades reguladas del sector energético.

Además, con el objeto de garantizar un marco retributivo estable, el anteproyecto gubernamental presentado plantea que la tasa de retribución que tienen reconocida en la actualidad las instalaciones de energía renovable, cogeneración y residuos con derecho a retribución primada con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 9/2013, el del recorte a las renovables y que ha sido objeto de una significativa litigiosidad tanto a nivel español como a nivel internacional, no pueda modificarse hasta 2031. Con esto se intenta parar la presentación de pleitos en los tribunales.- Europa Press