Gasteiz - Las organizaciones de consumidores creen que la suspensión del impuesto a la generación eléctrica anunciada por el Gobierno es una solución coyuntural y un “parche” para remediar la subida puntual de la luz, y consideran necesario revisar todo el sistema energético y aclarar cada concepto de la factura.

Piden una revisión del sistema, en el que los diferentes agentes que participan reciban una remuneración “razonable”, pero también en el que los consumidores tengan unas tarifas “transparentes, justas y accesibles” para todos los hogares.

Esta es la opinión de organizaciones como la OCU, cuyo portavoz, Enrique García, señaló ayer que la eliminación del impuesto del 7% a la generación, que rebajaría el recibo de la luz entre un 2% y un 3% “solo beneficia a la industria y no supondrá una rebaja en el precio de la energía para los consumidores”.

“Llama mucho la atención que la primera medida que se tome para abaratar el precio de la luz sea quitarle un impuesto a las empresas. Tendremos que ver si en los próximos días esa bajada se traslada íntegramente a los precios de la electricidad”, advierte García, quien cree que en la factura del consumidor final la medida va a tener un efecto “muy limitado”.

El mercado mayorista acumula desde marzo seis meses de continuas subidas, según subraya la OCU, que estima que septiembre se podría cerrar con un precio en torno a los 70 euros por megavatio hora, lo que supondrá un nuevo incremento en la factura de la luz en otro 3,3%.

“tomadura de pelo De esta forma, según sus cálculos, un hogar medio acumula durante 2018 una factura de 598 euros, 16 euros más que en el mismo periodo del pasado año y 80 euros más que en el de 2016. Por eso, para Facua-Consumidores en Acción la medida anunciada es “una tomadura de pelo”, ya que la subida del precio del kilovatio por hora en septiembre superará por sí sola esta rebaja.

Facua trasladó al Gobierno sus reivindicaciones para reducir la factura eléctrica, entre las que se incluían la bajada del IVA de la electricidad al 4% y la creación de una tarifa regulada para todas las familias que no superen los 10 kilovatios de potencia contratada.

Mientras, para Fernando Moner, presidente de la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), estas medidas son “un gesto importante”, aunque espera que el Gobierno “no se quede ahí y encuentre soluciones a cada uno de los diferentes conceptos que están en la factura, que en este momento es opaca para los usuarios”. Unas soluciones que deberían contar con el apoyo de los consumidores, que han acogido con satisfacción que el Ejecutivo vaya a potenciar los bonos sociales. - DNA

pérdida de ingresos. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cifró ayer en 1.000 millones la pérdida de ingresos por la supresión “temporal” del impuesto del 7% a la generación eléctrica. Sin embargo, aseguró que esta merma de recaudación “se corregirá con otras partidas presupuestarias”. Los funcionarios de Hacienda elevan la cifra hasta los 1.500 millones.

bono social. Un total de 712.000 hogares están acogidos al nuevo bono social eléctrico a poco más de dos semanas de que finalice el plazo para que quienes disfrutaban de este bono, dirigido a los consumidores más vulnerables, puedan seguir haciéndolo.