Vitoria - El Gobierno Vasco considera que los trabajadores tienen que dedicar cada mes un 6% de su salario a un plan de pensiones complementario durante toda su vida laboral para garantizarse, cuando se jubilen, unos ingresos cercanos a su último sueldo. Si se coge como referencia el salario medio en Euskadi, unos 1.700 euros netos mensuales, la aportación media rondaría los 100 euros. Para los que no lleguen a los 1.000 euros de nómina, la cifra bajaría a los 55 euros de media.

De cara a evitar que ese esfuerzo de ahorro merme el poder adquisitivo de los trabajadores, el planteamiento pasa por que empresarios y trabajadores realicen la aportación de forma compartida. Esa cuota mensual del 6% del salario es la clave de bóveda del plan con el que las administraciones vascas pretenden generalizar el uso de las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV) en Euskadi. El Departamento de Finanzas y Hacienda del Gobierno Vasco ha elaborado un documento, al que ha tenido acceso DNA, en el que establece las líneas generales de su propuesta. El texto será debatido tras el verano en el Consejo Vasco de Previsión Social, un órgano en el que están presentes el Gobierno, las diputaciones, las patronales, los sindicatos, la Federación vasca de EPSV y expertos independientes que buscarán fórmulas para incentivar el uso de estos instrumentos de ahorro.

Aunque las administraciones vascas llevan varios meses trabajando en esta cuestión, el planteamiento lo hizo público el mes pasado el diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, en la recepción de San Ignacio. Posteriormente, tanto el Gobierno Vasco como la Diputación de Araba han confirmado que se está avanzando en esa dirección.

Se están buscando fórmulas para proporcionar “ahorros adicionales” a los pensionistas del futuro de cara a evitar que pierdan calidad de vida en el futuro y, en los casos más extremos, la falta de recursos podría situarles “por debajo del nivel de la pobreza”.

Algo más la mitad de los trabajadores tienen en estos momentos un plan de pensiones complementario, en muchas ocasiones pactado con la empresa. Con esta iniciativa se busca atraer “al conjunto de la población trabajadora”, incluidos los autónomos, hacia el mundo de las pensiones complementarias. Para ello, Lakua propone hacer más atractivas desde el punto de vista fiscal las EPSV, tanto para el trabajador como para la empresa. De forma paralela, se solicita la implicación de patronal y sindicatos para que promuevan el uso de la previsión social complementaria dentro de las empresas.

Y además se aborda la necesidad de lanzar campañas de concienciación de los trabajadores e incluso de trasladar el debate a los centros de educación secundaria y universitaria. Se trata de que tanto los cotizantes actuales como los del futuro se enfrenten hoy al problema con el que se encontrarán al final de su carrera laboral.

“gran desconocimiento” El documento señala que, aunque existe una “creciente preocupación por los ingresos de la pensión”, también se percibe un “gran desconocimiento acerca de la finalidad y el funcionamiento de los sistemas de previsión social”. Se identifican las EPSV como un “producto financiero centrado en el ahorro fiscal” y se entiende que generalizar las pensiones complementarias “conlleva la privatización” del sistema público.

El objetivo es vencer esa resistencia y buscar una respuesta al recorte de las pensiones al que se avanza de la mano de las últimas reformas. El Departamento de Hacienda reconoce no obstante la dificultad de la empresa. Primero, porque la crisis “ha traído, entre otras consecuencias, una disminución de la capacidad de ahorro y especialmente en los más jóvenes”.

Además, se admite que la fiscalidad aplicada a las pensiones complementarias “no ha alcanzado los objetivos pretendidos” y “no han sido eficaces para incrementar” el uso de las EPSV, recoge el informe. De modo que se pide una revisión de las deducciones fiscales -las diputaciones forales ya se han puesto manos a la obra y aprobarán nuevos incentivos previsiblemente a finales de año- y, asimismo, hacerlas más “estables en el tiempo”.

La recompensa en la línea de meta es tener una vía de ingresos complementaria tras el retiro. En estos momentos, la cuantía de la pensión es cerca de un 20% inferior al último salario del trabajador que se jubila. No obstante, en el futuro la caída podría alcanzar el 30%.

De ahí que se plantee que los jóvenes que entren ahora en el mundo laboral empiecen ya a realizar sus aportaciones con la participación de la empresa. La necesidad de activar cuanto antes el complemento privado de la pensión se pone de relieve con cuatro ejemplos prácticos, calculados con la referencia del salario medio, 1.700 euros al mes, que se mantendría estable -sin subidas y sin bajadas- hasta la jubilación.

Un trabajador de 25 años que empiece hoy a dedicar 100 euros de su salario a una EPSV lograría al final de su vida laboral un complemento de algo más de 360 euros cuando se jubile y tendría unos ingresos -sumando pensión pública y privada- incluso superiores a los de su último salario.

En cambio, un empleado actual con 55 años y 30 de carrera de cotización, que no haya tenido nunca un plan de pensiones y empiece mañana a aportar el 6% de sueldo, se quedaría casi 250 euros por debajo de su último sueldo.

Tampoco alcanzarían su nivel salarial de ingresos los que hoy tienen 35 o 45 años si no han realizado todavía aportaciones a una EPSV, si bien el impacto en su caso sería menor.

porcentaje mínimo De ahí que en el eje del planteamiento que ha trasladado Lakua al Consejo Vasco de Previsión Social se fije un porcentaje mínimo del 6% sobre el salario. Si lo que se busca es evitar una caída del poder adquisitivo en la jubilación, la clave es dedicar una parte fija del sueldo a la EPSV. Cuando sube el salario, aumenta la aportación y el complemento cubre siempre el hueco que deja la merma de la pensión respecto al último sueldo. A partir de ahí, cada trabajador aportará más o menos que ese 6% en función de sus posibilidades.

El Gobierno Vasco considera que para adecuar el nivel de cobertura a las necesidades de los jubilados, las EPSV escogidas deben ser preferentes. Esto es: deben ofrecerse a toda la plantilla de la empresa y que tanto la compañía como el trabajador colaboren en las aportaciones. Además, debe “imposibilitarse” el rescate de la EPSV para fines ajenos a la previsión social y las prestaciones tras la jubilación deben realizarse en forma de renta -cobro de una cantidad mensual-.

El Ejecutivo destaca asimismo que este tipo de pensión privada es “aplicable” a los autónomos, que están al margen de la negociación colectiva, y que “en la práctica es un colectivo que necesita complementar su pensión”. Más allá de las herramientas que se diseñen, lo cierto es que el éxito del plan para generalizar las EPSV dependerá sobre todo del interés de los trabajadores y la patronal, y, por tanto, de la negociación colectiva.