vitoria - La indefinición en algunos aspectos de la regulación energética penaliza a las empresas vascas y frena sus movimientos en el tablero del nuevo ciclo económico. Reforzar ese frente facilitaría en gran medida la actividad de las compañías y por ese motivo el Gobierno Vasco pidió ayer al Ministerio de Energía que aclare la normativa y, al mismo tiempo, que dé los pasos que son necesarios para poner en marcha el acuerdo sobre peajes eléctricos, alcanzado hace casi un año y que sigue sin activarse.

Con ese objetivo, la consejera vasca de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, reprochó al Ministerio de Energía la falta de “seguridad, seriedad y estabilidad” en el marco regulatorio. “No podemos estar sobresalto sobre sobresalto”, criticó. Del mismo modo, instó al Ejecutivo del PP a “trabajar conjuntamente” para que el acuerdo sobre peajes eléctricos “sea una realidad”.

La consejera incidió en esa idea durante la firma firma del protocolo de colaboración del proyecto de digitalización de la red eléctrica en Euskadi Bidelek 4.0, en el que participan Gobierno Vasco, Diputación de Bizkaia e Iberdrola. El acuerdo fue suscrito en la sede de la compañía eléctrica en Bilbao y supondrá una inversión conjunta de 30,5 millones en los próximos tres años, con el objetivo de seguir impulsando la transformación digital de la red de distribución eléctrica de Euskadi.

En la presentación de la iniciativa estuvieron presentes numerosos representantes del sector, entre ellos, el diputado de Desarrollo Económico de Bizkaia, Imanol Pradales, el director del Ente Vasco de Energía, Iñigo Ansola, y el director general de Negocio de Redes de Iberdrola Grupo, Armando Martínez. Ante todos ellos y tras destacar los esfuerzos realizados los últimos años para “modernizar” la red eléctrica de Euskadi, Tapia lamentó que haya lagunas en la normativa que penalizan a las empresas vascas.

Seguir avanzando en la optimización del suministro conlleva “un uso racional de las tecnologías que tenemos y un ámbito regulatorio que nos acompañe”. La letra pequeña de la legislación no siempre responde a esa necesidad y por ello Tapia recalcó la importancia de los escenarios normativos para que las nuevas inversiones en este campo “tengan una seguridad”. Según destacó, “la regulación, la retribución de redes, tiene que ser un elemento que nos permita mejorar nuestro tejido productivo y hacer esas inversiones, esa clave de éxito de la transformación que tenemos que llevar a cabo, y debe ser estable en el tiempo y permitir tener seguridad”.

“inseguridad” Por tanto, reclamó al Ministerio que se asuma “con seriedad y rigor todos aspectos relacionados con la regulación”. “No podemos estar sobresalto sobre sobresalto, y con sorpresas como la que la semana pasada se decía por el ministro, aunque definitivamente retiraba las enmiendas”, censuró la consejera en relación a la propuesta de posibles ajustes en la retribución de las redes, el peaje que pagan los consumidores por utilizar las líneas que llevan la electricidad hasta hogares y empresas. A juicio de Tapia las administraciones deben tener como objetivo “hacer una transición energética seria en un marco serio y bien trabajado”.

En este marco, realizó un llamamiento al Ministerio de Energía de cara a “trabajar conjuntamente” para que “sea una realidad esa seguridad, seriedad y estabilidad que requiere un marco regulatorio para llevar adelante muchísimos proyectos en el que nos estamos jugando el futuro”. Asimismo, defendió que es “momento” de que “sea una realidad” el acuerdo alcanzado en materia de ‘peajes eléctricos’, de acceso a electricidad en la industria.

También el director del Negocio de Redes de Iberdrola, Armando Martínez, incidió en que “la planificación, la regulación y la retribución de las redes eléctricas es clave” y subrayó que el modelo regulatorio debe ser “estable y predecible”. “Tenemos un periodo regulatorio en la distribución de España, del año 2020-2025, donde esperamos que se haga una retribución adecuada al nivel de inversiones para afrontar los retos que tenemos”, añadió.

220

millones de euros ese el volumen total de compras de Iberdrola a proveedores de Euskadi. Solo la Comunidad de Madrid, con 250 millones, concentra mayor gasto.

Balance estatal. Iberdrola Distribución realizó compras por 510 millones a alrededor de 1.200 proveedores españoles. La mayoría de las contrataciones fueron servicios de construcción y mantenimiento (en torno a un 40%), suministrar contadores (12%) y equipos para subestaciones (11%).

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, dijo ayer su compañía “está al servicio de la sociedad y de las necesidades de las personas y, en este sentido, maximiza su contribución económica y social en las comunidades en las que está presente a través, entre otras cosas, de las compras a sus proveedores”