madrid - Una vez más, el Gobierno del PP lanza un globo sonda en los medios de comunicación del que luego se realizan distintas interpretaciones. El decreto final suele parecerse poco a la idea inicial. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, avanzó en TVE que aquellos trabajadores que han visto reducida su base de cotización durante la crisis podrán ampliar el periodo de cálculo -desde 2022 la referencia serán los 25 últimos años- a toda la vida la laboral para mejorar su pensión. Más tarde desde el PP se sugirió que la ampliación del periodo de cálculo podría aplicarse a todos los trabajadores, lo que supondría una caída generalizada de las pensiones.
“Salvo excepciones, cuando alargas la vida laboral reduces la base de regulación. Los primeros cinco o diez años de carrera suelen ser los más bajos”, señaló a este diario Santos Ruesga, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Madrid y el único del comité de expertos del Gobierno central que votó en contra de la última reforma de pensiones. El economista se mostró muy crítico con el planteamiento de Báñez, que considera un mecanismo para reducir las cuantías de las pensiones a largo plazo.
Tomar como referencia toda la vida laboral es una opción voluntaria, indica Ruesga, que beneficiará a un número reducido de personas. La ministra habló de asalariados que se han convertido en autónomos en la parte final de su vida laboral o afectados por despidos o por medidas de suspensión. “Puede haber situaciones así, pero creo que son excepciones. Lo habitual es ganar menos cuando eres joven y tener una carrera de cotización ascendente”, se reafirma el catedrático.
dudas sobre su aplicación El experto, buen conocedor del proceso de cocina que acompañó a la última reforma de pensiones del PP, cree que la fórmula acabará por convertirse en regla general para todos los trabajadores y así en herramienta de ahorro para la Seguridad Social. La duda está sembrada. El portavoz de pensiones del PP en el Congreso, Gerardo Camps, explicó a El País que lo que se pretende es generalizar la ampliación a toda la vida laboral para luego dar la opción de retirar del cálculo aquellos años con peores niveles de cotización.
Tanto Báñez como Camps remitieron al diálogo social y al Pacto de Toledo -comisión del Congreso que reúne a partidos y agentes sociales- para cerrar los detalles de la propuesta. El Pacto de Toledo celebrará una nueva sesión hoy, aunque el debate sobre el futuro de las pensiones incluye muchos más puntos además del anunciado por Báñez.
Sobre la cuestión concreta del periodo de cálculo, es un asunto que ni siquiera el resto de grupos políticos tienen claro. Iñigo Barandiaran, del PNV, indicó que la medida no sería mala siempre que sea voluntaria y sirva para compensar las bajadas de la base reguladora producidas en los últimos años. En todo caso, el diputado jeltzale también duda de que efectivamente vaya a ser así y mostró su sorpresa por el anuncio público de una propuesta que aun no ha comenzado a redactarse en el Congreso.
Ni PSOE ni UGT se mostraron conformes con la propuesta de la ministra de Empleo, mientras que CCOO pidió a Báñez que haga un planteamiento formal en lugar de “propuestas de telediario”.
Desde luego un cambio orientado a mejorar las cuantías de los futuros pensionistas no encaja con los últimos movimientos del PP en este terreno, más aun cuando el debate en el Pacto de Toledo se produce precisamente para buscar soluciones a los problemas de financiación de la Seguridad Social. Lo que es seguro es que a esta medida, de finalmente aprobarse, le acompañarán al menos una docena más que en estos momentos se están discutiendo en el Congreso para tratar de garantizar la viabilidad del sistema.
En esa línea son claras las palabras de presidenta de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo, la popular Celia Villalobos, quien afirmó que “hay un número importante de pensionistas que está más tiempo cobrando la pensión que trabajando”. “Tenemos la obligación de decirles a los que hoy tienen 45 años: cuidado, preocupaos del ahorro”, dijo Villalobos en referencia a los planes de pensiones privados.
25 años en 2022. Hasta la reforma del PSOE que entró en vigor en 2013, la pensión se calculaba con base a los últimos 15 años de la vida laboral. Desde 2013 hasta 2022 el periodo se amplía progresivamente para quedar fijado ese año en los últimos 25 años trabajados.
Cambios del PP. Según anunció Báñez, el PP quiere ampliar ese periodo de cálculo para tener en cuenta todos los años de trabajo. Podría ser una opción voluntaria o, si se aplica a todos los trabajadores, se podría retirar de la ecuación los años con peores niveles de cotización.
36,5
Son los años cotizados que se necesitan para jubilarse en 2018 con toda la pensión a los 65 años. Si no, se debe trabajar hasta los 65 años y seis meses. En 2027 serán necesarios 38,5 años cotizados para jubilarse a los 65.
