bruselas - La Comisión Europea señala en un informe que España e Italia son los países de la Unión Europea en los que la población con menos renta se beneficia en menor medida de las prestaciones sociales ya que según el estudio, en proporción a la riqueza del país, hay pocas ayudas para reducir la pobreza.

Sin embargo, el Gobierno considera que estos datos no son fieles a la realidad, al no incluir las prestaciones en especie que suponen la educación y la sanidad, gratuitas y bastante generosas en comparación con el resto de Europa. El Ejecutivo comunitario publicó este informe con datos entre el año 2004 y 2014 sobre las finanzas públicas en la Unión Económica y Monetaria (EMU), que dedica un capítulo al impacto de la política fiscal en la distribución de la riqueza en cada país. Dentro de este apartado, el estudio analiza cómo afectan sobre la redistribución de los ingresos dos factores distintos.

Por un lado, el diseño de las prestaciones sociales y por otro, el diseño de los impuestos directos. En relación al primero de ellos, Bruselas destaca el poder redistributivo porque los hogares más pobres “tienden a recibir más transferencias sociales a su renta que los ricos”. “En la mayoría de los Estados miembros, las transferencias sociales se destinan principalmente a los deciles más bajos (la población que obtiene menos ingresos). Los deciles más bajos que ganan más con las transferencias sociales son los de Reino Unido e Irlanda y, los que menos, los de Italia y España”, concluye el documento.

lAS pRESTACIONES El estudio, que acompaña la información con un gráfico, muestra que en España el 10% más rico (el último decil) es la única parte de la población que paga más en impuestos que lo que recibe en ayudas sociales. El penúltimo decil está en una situación de equilibrio y el resto de la población es receptora neta de transferencias sociales. Es decir, recibe más prestaciones que los impuestos que paga.

Esta situación solo se repite en Bulgaria, Hungría, Francia y Portugal y contrasta con la de otros países comunitarios en los que la mayoría de la población es contribuyente neta, como Países Bajos y Dinamarca. En Bélgica y Suecia el 50% más rico de la población también paga más de lo que recibe, mientras que en Alemania el 40% más rico es contribuyente neto.

A nivel general, el estudio afirma que la mayor parte de la reducción de las desigualdades en la UE se debe, de media, a las transferencias sociales en efectivo (un 80%), mientras que el restante 20% tiene su origen en los impuestos directos. Además, destaca que el efecto redistributivo de un impuesto o una prestación no solo depende de su tamaño, sino también de cómo esté orientado a los diferentes escalones de la población según su renta.

El informe también analiza cuáles son los “motores principales” de la inversión pública, con especial atención a los factores institucionales y a los niveles locales y regionales. Para ello, evalúa 5 Estados miembros, entre ellos España, aunque advierte de que las conclusiones que extrae no constituyen la “posición oficial” de la Comisión sino “resultados preliminares”.

Así, el estudio recoge que la proporción de inversión pública sobre la inversión total en España está por debajo tanto del nivel anterior a la crisis como de la media Europa. En concreto, la inversión pública en 2016 fue del 1,9%, menor que la registrada entre 2000 y 2007 (del 4%) y de la media europea del 2,7%. Además, la inversión pública fue la categoría de gasto que experimentó el mayor recorte durante la consolidación fiscal.

Asimismo, el informe dice que existen “preocupaciones” relacionadas con el nivel “históricamente bajo” de inversión en ayuntamientos y comunidades autónomas, que fue del 1,3% del PIB en 2016. “Niveles bajos y prolongados de inversión puede comprometer la calidad de los servicios suministrados por los gobiernos subnacionales y puede condicionar la capacidad de convergencia de las regiones”, advierte el Ejecutivo comunitario. - E.P./DNA