Bilbao - El administrador concursal es una figura clave para la supervivencia de las empresas en dificultades. La mejoría económica ha frenado el avance de los concursos de acreedores producido durante la crisis, pero en los últimos meses un buen puñado de compañías vascas se han visto obligadas a acogerse a este proceso de sanación, como lo define el profesional Unai Olabarrieta, que se ve a sí mismo como un “médico de empresas”. El problema es que muchos empresarios tardan demasiado en tocar la puerta del doctor y, para cuando lo hacen, la situación es irreversible. “La empresa llega al concurso muerta y así no se puede trabajar. Solo puedes firmar el certificado de defunción”, dice Olabarrieta, miembro de la junta directiva de la asociación española Aspac.

Las estadísticas dicen que la mayoría de procesos concursales, el 92%, acaban con la liquidación de la empresa. Pero eso es por la resistencia a recurrir a este procedimiento, explica Olabarrieta a DNA en su despacho de Bilbao. “Recurrimos tarde y la empresa llega exhausta. Cuando se designa un profesional para que la gestione ya no hay nada que hacer”, señala, y respalda este análisis con el dato de que un tercio de los procesos que se abren se cierran de forma simultánea al no haber un proyecto real con el que trabajar.

“Estamos acostumbrados a recriminar el fracaso y a ver el concurso como una lacra. Es un medio que tiene la economía para salvar situaciones complicadas. Cuando te rompes un brazo vas al médico, ¿no? Pues en una situación económica difícil tienes que buscar un profesional que te ayude”.

Desde 2004, cuando nace la actual ley concursal, hay un progresivo aumento de los procesos hasta alcanzarse los 11.000 al año en el Estado en los peores momentos de la crisis. Desde entonces los números han ido a menos, aunque aun hay empresas en peligro. En Euskadi coinciden en el tiempo en esta situación un buen número de empresas con mucha historia detrás como La Naval, Vicrila, CEL o Edesa Industrial, heredera de Fagor Electrodomésticos, que solicitó el concurso el viernes.

Pese a los esfuerzos de los profesionales por hacer ver el concurso como algo natural, Olabarrieta reconoce que genera “pánico”. “Los proveedores y los clientes consideran que es un fracaso y que no van a poder seguir trabajando con esa empresa. Pero la experiencia demuestra que la empresa que llega en unas condiciones aceptables sale adelante”, afirma, y recuerda que el Banco Mundial valora como elemento de competitividad de un país el mecanismo en que resuelve la insolvencia de empresas.

analizar la viabilidad Cuando un administrador asume por orden judicial la misión de salvar una compañía, lo primero que hace es analizar su viabilidad. Si tiene visos de salir adelante, se busca un acuerdo con los acreedores. Si se calcula que no hay futuro, se cesa la actividad y se venden los activos para pagar.

“La ley dice que hay que trabajar por la conservación de la actividad y el empleo pero los acreedores tienen unas deudas que hay que valorar. Siempre intentas ayudar a esa viabilidad, el problema es lo que te encuentras. Muchas veces son empresas agotadas con niveles de ventas bajos incapaces de pagar gastos ordinarios”, dice este abogado y economista, fundador del Círculo Mercantil Deusto.

Sobre los procesos abiertos en la CAV, cree que la dimensión de las compañías puede favorecer el que no acaben bajando la persiana. “Cada procedimiento es un mundo, pero el tamaño hace que existan otros intereses además del individual. Son empresas con un peso importante en la economía y desde el entorno siempre se intenta favorecer el que no se produzca un gran deterioro”, afirma.

Para ello tendrán que aparecer socios dispuestos a reflotar el proyecto, una operación que no suele ser fácil de rubricar. “Suelen preferir que se llegue a un acuerdo con los acreedores o se haga una reestructuración antes de poner el dinero”, explica Olabarrieta. Sobre el futuro, asegura que el endeudamiento ya no es el principal problema de las empresas que han sobrevivido a la crisis, sino más bien una estructura y una capacidad productiva superiores a las que demanda el mercado.