bilbao - La sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) acogió ayer el juicio por la impugnación del acuerdo vasco de la hostelería, que queda visto para sentencia. El fallo, que se espera en un plazo inferior a un mes, empezará a orientar la jurisprudencia en los casos de conflicto entre el marco laboral vasco y el estatal. La impugnación parte de las federaciones estatales de Servicios de CCOO y UGT, aunque luego se ha sumado a ella la patronal española de restauración Feadrs. La denuncia pretende hacer valer las limitaciones a la negociación autonómica recogidas en los acuerdos estatales de Hostelería y Restauración frente al pacto en la hostelería de ELA, LAB, la asociación sectorial de Euskadi y Confebask.

La sesión de ayer estuvo plagada de declaraciones cruzadas, no solo entre los dos bloques sindicales, también entre las propias agrupaciones empresariales de ámbito estatal y las vascas. Una de las afirmaciones más contundentes partió de hecho del representante de la patronal de restauración, que censuró la “defensa numantina” que están llevando a cabo los agentes sociales vascos -en este caso en el sector de hostelería- para mantener vivo “un régimen feudal”, en referencia al conjunto de convenios provinciales que se firman en la CAV.

La argumentación de los empresarios españoles del ramo -también son parte interesada en el proceso dos patronales sectoriales integradas en CEOE, la de hostelería y la de hoteles y alojamientos- es que las reglas de juego de la negociación colectiva han cambiado hacia un sistema de convenios centralizado en Madrid y que oponerse a ello es contrario a la ley. Las grandes empresas de restauración españolas tienen además un interés económico nítido puesto que el blindaje de la hostelería vasca mantiene los convenios provinciales en los comedores privados de Euskadi y veta la aplicación del convenio estatal.

En ese proceso, las grandes cadenas de catering se han topado con la resistencia no solo de los sindicatos vascos, también de los propios empresarios. El acuerdo para dar prevalencia a los convenios vascos de hostelería fue firmado por ELA, LAB, la Federación de Hostelería del País Vasco y Confebask. Y hay que recordar que, aunque desde 2011 los convenios estatales prevalecen sobre los de ámbito autonómico, el máximo valor lo tienen los acuerdos que se suscriben en la empresa.

Es decir, el empresario siempre podrá decidir mantener las condiciones que se recogen en los convenios de hostelería de Bizkaia, Araba o Gipuzkoa. La anulación del acuerdo firmado en Euskadi tendría consecuencias, eso sí, en grandes empresas españolas o multinacionales.

“cuestión de democracia” Capítulo aparte merece el enfrentamiento que ha generado la impugnación entre los sindicatos. ELA y LAB, el 78% de la representación en el sector, celebraron ayer una movilización para denunciar que CCOO y UGT pretenden usar la ley para “obtener el monopolio sindical” y “vaciar de contenido” los convenios vascos. “Este juicio discute una cuestión básica de la democracia. Se está atentando contra nuestro derecho a negociar aquí nuestras condiciones de trabajo”, indicaron fuentes de ELA a este diario.

CCOO y UGT niegan las acusaciones y sitúan la pelota en el tejado de ELA y LAB por no firmar los convenios sectoriales e impedir así el choque con el marco estatal. Desde CCOO-Euskadi se afirmó que el alegato en la sesión de ayer se limitó a defender jurídicamente la impugnación, desvinculando su posicionamiento del manifestado por la patronal Feadrs. UGT instó a “dejar la guerra sindical y el inmovilismo en la negociación” para avanzar en la firma de los convenios vascos.