GASTEIZ. El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha informado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno semanal de esta decisión que supondrá un desembolso de alrededor de 50 millones de euros.
Esta medida afectará a todas las personas que durante el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2012 y el 31 de diciembre de ese mismo año prestaron sus servicios en la Administración Pública Vasca y, según ha precisado Erkoreka, quienes que ya no estén en activo lo cobrarán de oficio sin necesidad de reclamarlo.
Para hacer efectiva esta medida el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el proyecto de ley de modificación de la norma de presupuestos de este año con un artículo único que será remitido esta semana al Parlamento Vasco para su tramitación, aprobación y entrada en vigor. El objetivo es dotar de plena seguridad jurídica la decisión adoptada.
Con este último abono el Gobierno Vasco quiere zanjar definitivamente el conflicto con el personal público abierto por el Ejecutivo central cuando en 2012 aprobó el decreto de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria.
Así, a partir de 2018 los trabajadores públicos vascos podrán retomar la normalidad en el abono de las pagas extraordinarias, que se volverán a liquidar en los meses de junio y diciembre.
Erkoreka ha recordado que bajo el "pretexto" de la crisis económica, el Gobierno central ha "impuesto restricciones" a lo largo de los últimos cinco años y ha "abusado" de su capacidad constitucional para "ordenar la economía", limitando las competencias vascas.
Ha indicado que el Gobierno vasco ha defendido en los tribunales la capacidad de Euskadi de organizar la función pública y que ha recurrido todos y cada uno de los "recortes" del Ejecutivo central, al tiempo que ha puesto en valor el "esfuerzo" realizado por las 70.000 personas que trabajan en la Administración vasca.
Por otro lado, Erkoreka ha indicado que el próximo jueves se reunirá la Mesa General de la Función Pública y ha recordado la propuesta remitida por el Gobierno a los sindicatos el pasado septiembre.
La propuesta plantea elevar a 13.500 las plazas de las Ofertas Públicas de Empleo (OPE) hasta 2020, subir los salarios un 1,5 % el año que viene que supone 63 millones de euros y recuperar las aportaciones a la Entidad de Previsión Social Voluntaria-Itzarri con una aportación de 17 millones.
Los sindicatos opinaron ya el pasado mes de septiembre que el planteamiento del Gobierno vasco es insuficiente.
Erkoreka ha indicado que la voluntad del Ejecutivo es "abrir un nuevo espacio para el entendimiento en la negociación colectiva", al tiempo que ha reafirmado el compromiso del Gobierno Vasco con el empleo público "estable y de calidad".
Por ello ha apelado a la "responsabilidad, el diálogo y la negociación" en la Mesa General de la Función Pública" y ha hecho un llamamiento a las centrales sindicales para "abrir un nuevo tiempo".
