berlín - El Tribunal Constitucional alemán ha remitido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sus dudas sobre la legalidad del programa de compra de deuda del Banco Central Europeo (BCE), en busca de una directriz común con la que juzgar las querellas que ha recibido.

El TC alemán anunció ayer el envío de tres “cuestiones prejudiciales” al TJUE para una revisión urgente porque considera legalmente cuestionable la concreción del famoso “haré todo lo necesario para preservar el euro” del presidente del BCE, Mario Draghi, de 2012, en lo peor de la crisis de la deuda.

El Plan Draghi, por el que el BCE adquiere en el mercado secundario unos 60.000 millones de euros al mes en bonos soberanos y privados, fue el principal cortafuegos que acabó con el riesgo de contagio en la crisis de la eurozona y la medida que pudo contener las primas de riesgo.

Por su parte, la autoridad monetaria aseguró en respuesta a esta decisión del TC alemán que cree que el programa está dentro de su mandato -aunque espera a la valoración del TJUE- y que, mientras tanto, lo va a mantener “completamente operativo” según lo previsto.

El Constitucional alemán había subrayado en su comunicado que hay “motivos de peso que apuntan que los fundamentos del programa de compra de bonos violan la prohibición de la financiación monetaria vía presupuestos, y que también exceden el mandato del BCE en materia de política monetaria y, de esta forma, invaden las competencias de los estados miembros”.

El TC alemán “duda” de que el programa del BCE “esté en consonancia” con su propio reglamento, al considerar que comprando deuda soberana se está financiando de forma encubierta a los países afectados, algo que el BCE tiene expresamente prohibido.

La más alta instancia judicial alemana cree que el Plan Draghi va más allá de sus atribuciones, que están limitadas a la política monetaria. La tarea de la entidad es el control de la inflación, mientras que este plan, a juicio del TC, se enmarca, por sus efectos, dentro de la política económica, área de competencia exclusiva de los estados. - Juan Palop