bilbao - “No tengo intención de saquear tributariamente a nadie para obtener recursos”, respondió ayer el consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, al popular Antón Damborenea en el Parlamento Vasco. El consejero suavizó así desde el Gobierno Vasco las expectativas en torno a los próximos cambios fiscales que se están preparando en la CAV. Ejecutivo y diputaciones, en especial la vizcaina, han manifestado posiciones encontradas en el debate fiscal, mientras desde el mundo laboral empresarios y sindicatos lanzan también propuestas antagónicas. Lakua opta por esperar a conocer hasta dónde aumenta la recaudación este ejercicio para hacer una valoración de la última reforma de 2014 y programar cambios. Todo apunta a que no habrá una nueva reforma en profundidad como inicialmente había propuesto Azpiazu.
En los cinco primeros meses del año los ingresos de las haciendas de la CAV han crecido casi el 11%, 500 millones más que en 2016. “Efectivamente, la recaudación está creciendo”, indicó ayer Azpiazu en el Parlamento tras la intervención de Damborenea, que pedía conocer los resultados de la última reforma fiscal y la posición del Gobierno sobre futuros ajustes. En ese sentido, el consejero volvió a reclamar prudencia y recordó que aun es pronto para sacar conclusiones sobre los resultados recaudatorios de este año cuando ni siquiera se ha cerrado la campaña de la renta.
“Hay que esperar a que pasen más meses”, dijo Azpiazu, que en todo caso no ocultó que el ejercicio ha comenzado de forma prometedora para las arcas públicas. “Más pronto que tarde se van a suceder las evaluaciones de la reforma fiscal y las tendremos en cuenta de cara a las siguientes modificaciones”, señaló el titular vasco de Hacienda, que no precisó un mes concreto para ello. Es habitual que las diputaciones tomen como primera referencia fiable de cara al resultado final del año el dato de agosto, una vez cerrado el IRPF y Sociedades.
En cualquier caso, las haciendas de Bizkaia, Gipuzkoa y Araba ya están estudiando esos próximos cambios que propondrán en materia de fiscalidad al principal socio jeltzale, el PSE, con el que ya se acordó la última reforma de 2014 -más tarde se sumó el PP-, de cara a aprobar los ajustes a finales de año y que entren en vigor en 2018.
Al respecto, en las últimas semanas ha trascendido un cierto desencuentro entre la Diputación de Bizkaia y el Gobierno Vasco en la materia, en concreto en el Impuesto de Sociedades. La apuesta del diputado general, Unai Rementeria, por hacer de Bizkaia un territorio “más atractivo y competitivo” para las inversiones empresariales fue contestada un par de días más tarde por Azpiazu, que señaló que el Impuesto de Sociedades “ya está bastante bajo” en Euskadi. En el debate se ha colado la voz de la patronal vizcaina, que ha vuelto a dejar clara su posición pidiendo bajar Sociedades y suprimir Patrimonio, incluso ha pedido claridad en esta cuestión al Ejecutivo y a la Diputación.
Por último, también siguen de cerca la evolución de la discusión fiscal los sindicatos, situados a años luz de la patronal. ELA, muy crítico con el Ejecutivo vasco, ha llegado incluso a manifestar cierta sintonía con Azpiazu por reconocer que las empresas vascas pagan menos impuestos que las españolas, aunque nada hace prever que el sindicato mayoritario vaya a estar de acuerdo con los cambios que preparan las diputaciones.
“Nada ha cambiado la visión de este Gobierno en relación al modelo tributario vasco y a la necesidad de incrementar ingresos de todos los niveles institucionales para que exista una suficiencia financiera para la prestación de servicios”, respondió ayer Azpiazu a Damborenea, aunque como ya ha indicado en otras ocasiones recalcó, coincidiendo con el plantemiento de Rementeria en Bizkaia, que “es importante que el sistema tributario sirva para impulsar la actividad económica”.
Sobre la cuestión concreta de Sociedades, y tras pedir Damborenea que la próxima reforma no reste competitividad a pequeñas y medianas empresas, el consejero aseguró que no se va a “saquear” a nadie. “No es mi intención saquear a nadie tributariamente para obtener recursos y no saber qué hacer. No, nosotros estamos dentro de los márgenes de la sensatez”, aclaró.
De esta forma, y aunque los próximos cambios terminarán de cocinarse en la reunión entre Gobierno y diputaciones de octubre, parece que sigue perdiendo fuerza la opción de una reforma fiscal en profundidad que suponga una variación brusca en la tributación de las empresas.
