bilbao - Los accionistas serán los grandes perjudicados por el derrumbe del Banco Popular. El hecho de que la integración en el Santander se haya producido en forma de rescate, bajo la supervisión de Europa y por el precio simbólico de un euro, deja sin su dinero a más de 300.000 inversores. Se estima que en la CAV están afectados 20.000 pequeños accionistas con una inversión conjunta de 190 millones de euros. Parte de ellos, en concreto los que compraron sus acciones en la última ampliación de capital, tienen muchas opciones de recuperar su dinero por la vía judicial, según los despachos de abogados. “Se puede decir con bastante seguridad que los tribunales les darán la razón”, dice Rodrigo Vilallonga, de Lean Abogados.

La cuestión, como en procesos similares en el sector bancario, es demostrar que la entidad no ofreció toda la información sobre su situación económica a los inversores, en este caso accionistas o titulares de bonos convertibles en acciones. Según los abogados, pueden demostrar esto de una forma más o menos sencilla quienes compraron sus participaciones en la ampliación de capital que realizó el Popular en mayo del pasado año por un total de 2.500 millones de euros. “La propia entidad ha reconocido que los datos económicos que dio en aquella ampliación no eran correctos”, recuerda Vilallonga, que asegura que es “bastante evidente” que en estos casos los accionistas podrán recuperar su inversión, de la que tendrá que hacerse cargo el Santander.

“Está claro que se han vendido acciones hasta el último momento y no todo el mundo sabía que el banco estaba mal. Lógicamente no te decían que el banco iba a durar unos meses”, añade Borja Rucabado, de Sagarminaga Abogados, que abre el debate sobre dónde está la responsabilidad. “Igual la CNMV -organismo que supervisa a las empresas que cotizan en Bolsa- tendría que haber suspendido antes la venta de acciones”, señala. La cotización del Popular no fue suspendida hasta el miércoles, cuando se confirmó que la entidad era absorbida por el Santander.

En cuanto a los accionistas más antiguos, lo tienen difícil pero no imposible. “Lo estamos estudiando y no descartamos una acción colectiva”, explica Vilallonga. El abogado asegura que los titulares de bonos convertibles también pueden reclamar por incumplimiento de la obligación del banco. También hay afectados por títulos de deuda subordinada, aunque en Euskadi el alcance es menor.

cláusulas suelo Por otro lado, la caída del Popular remueve la situación de los afectados por hipotecas con cláusulas suelo suscritas con este banco. Sagarminaga lleva un buen número de casos con esta entidad y, según Rucabado, el Popular era una de las entidades “más duras” a la hora de devolver el dinero cobrado de más. “Prácticamente te obligaba a ir a juicio, seguramente por la situación en la que estaba”, señala Rucabado, que confía en que la entrada del Santander, que deberá asumir también las demandas que ya están en tribunales, sirva para resolver estos casos de forma más satisfactoria.

No parece, en todo caso, que la entidad de Ana Patricia Botín vaya a estar dispuesta a llegar a acuerdos privados con los accionistas del Popular, que tendrán que ir a juicio si quieren recuperar su dinero.

También las asociaciones de consumidores se pronunciaron ayer de cara a aglutinar a los afectados por la caída del Popular. La asociación de accionistas minoritarios Aemec ha presentado a través del despacho Cremades&Calvo Sotelo, en representación de 400 accionistas, una demanda ante la Fiscalía Anticorrupción contra los gestores del banco, entre ellos su expresidente Emilio Saracho y el inversor mexicano Antonio del Valle.

Adicae, por su parte, ha instado a los grupos parlamentarios a solicitar la comparecencia en el Congreso del Ministerio de Economía, del Banco de España y de la CNMV a fin de aclarar la “extraña maniobra de intervención y venta del Banco Popular”.