bilbao - La reforma de la estiba tiene luz verde definitiva. En el segundo intento, el Gobierno central vio cómo el Congreso aceptaba el jueves su decreto para liberalizar el sector, lo que inmediatamente ha hecho prender el conflicto en los puertos. Los estibadores han convocado paros a partir del miércoles lanzando así un órdago con el que ya habían amagado antes en dos ocasiones. Denuncian que la nueva ley deja en el aire una parte de los empleos y abre la puerta a la precariedad en el sector, aunque ambos asuntos se podrían solventar en una ley posterior si las negociaciones entre patronal y sindicatos que se reinician hoy acaban fructificando.
Serán unas conversaciones contra el reloj ya que el diálogo se retoma a escasas 48 horas del inicio de los paros, aunque los sindicatos transmiten que hay posibilidades de llegar a un acuerdo a tiempo. ¿Qué piden los estibadores? Básicamente que se garantice su empleo a los alrededor de 6.000 estibadores. El problema es cómo insertar ese blindaje dentro de una reforma que busca lo contrario, es decir, abrir el sector a la libre competencia para cumplir con las exigencias de Europa.
“No hay una liberalización real de la estiba como se quiere vender a los medios de comunicación. La liberalización es solo para los trabajadores”, asegura el responsable de la estiba de UGT a nivel estatal, el bilbaíno Israel Ruiz. El sindicalista, presente en las negociaciones en Madrid con la patronal Anesco, explica que el decreto del Gobierno español no servirá para dar entrada a nuevas empresas en el sector ya que la mayoría de las que ya operan en los muelles ha renovado sus licencias para los próximos 20 y 25 años.
Por ello, expone Ruiz, solo habrá cambios en el lado de la plantilla. En estos momentos los estibadores están afiliados a la Sagep, una sociedad que forma a los trabajadores para cedérselos a las empresas estibadoras. La reforma supone el fin progresivo de este sistema, que pasaría a ser el de libre contratación. En este punto es donde surge la reivindicación principal de los trabajadores: la subrogación.
Como recuerda Ruiz, la subrogación -la fórmula legal para garantizar el puesto de trabajo a una persona con una cambio de empresa- es una práctica habitual en otros servicios públicos cuando se hace con la concesión una nueva compañía. Los sindicatos han intentado sin éxito que esta garantía entrara en el decreto-ley que se aprobó el jueves, aunque el ministro de Fomento, Íñigo De la Serna, se ha mostrado dispuesto a incluirla en un segundo reglamento siempre que así lo pacten empresas y trabajadores.
El propio Antolín Goya, líder de la Coordinadora de Trabajadores del Mar, indicó el mismo jueves que el decreto, que salió adelante con el apoyo de Ciudadanos y PNV y la abstención de PdeCat, dejaba una ventana abierta a la resolución del conflicto por la vía de la negociación. A este respecto, parece pronto para aventurarse a lanzar un pronóstico sobre el desarrollo de las negociaciones, aunque la posibilidad de que éstas terminen en acuerdo no está ni mucho menos descartada.
División en la patronal Según explica el responsable de UGT, dentro de la patronal hay dos posiciones encontradas, una más abierta a reconocer las demandas sindicales y otra más dura que se niega de momento a firmar la subrogación de los actuales operarios. “Está habiendo muchas presiones para que desconvoquemos la huelga. Sólo el hecho de lanzar la convocatoria ya hace daño a los puertos porque hace que muchos barcos se desvíen”, asume Ruiz, que cree que hay posibilidades de lograr una fórmula de entendimiento con la patronal antes de que den comienzo los paros el próximo miércoles.
Más allá del mantenimiento de los puestos de trabajo, quedarían pendientes la negociación del convenio y las prejubilaciones, para las que el Gobierno español ofrece ayudas públicas, aunque estas dos cuestiones podrían resolverse después del miércoles sin poner en riesgo la resolución del conflicto. Sobre el plan de incentivos, los sindicatos aseguran que “no nos hace gracia” que se produzcan salidas anticipadas porque “en la estiba no sobran trabajadores, al contrario, hacen falta más”, remarca Ruiz.
Fomento presentó en su día una propuesta de incentivos para prejubilar a más de mil estibadores, una sexta parte del total, con hasta el 70% del salario. “Quieren quitarse el lastre de los trabajadores de más edad para sustituirlos por otros más baratos”, protesta el sindicalista, que da a entender que las centrales ya han asumido que, una vez aprobada la reforma, la solución menos mala pasa por aceptar fórmulas de este tipo.
En cuanto a las condiciones de trabajo que impondrá la nueva configuración legal, los sindicatos se remiten a la negociación del convenio, que caducó en diciembre. Al margen de que se evite la huelga, parece evidente que todo forma parte de una misma negociación que podría alargarse varios meses.
