BILBAO. El pasado mes de enero, en una visita a Gasteiz, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, recordó que en 2012 el Gobierno de España desplegó un plan de lucha contra el empleo irregular que desde entonces ha permitido aflorar 420.000 empleos no declarados en el conjunto de España, 10.500 de ellos en el País Vasco.
Hoy el delegado del Gobierno ha precisado estos datos al indicar que entre 2012 y 2016 se ha descubierto en Euskadi que 9.993 personas no estaban dadas de alta en la Seguridad Social o cuyas cotizaciones eran inferiores a lo debido y que ahora han dejado de engrosar las listas de Lanbide para ser trabajadores en activo.
Casi la mitad de estos empleos (4.831) se localizaron en Bizkaia, otros 3.091 en Gipuzkoa y 2.071 en Álava. La regularización de estos trabajadores ha permitido recuperar 210,6 millones a través del pago de las cuotas a la Seguridad Social.
A esta cantidad hay que sumar las sanciones que se imponen a las empresas implicadas y también la mayor recaudación fiscal que logran las haciendas a través del IRPF, ya que ahora los trabajadores regularizados -que antes figuraban como parados- aportan a las arcas públicas en su declaración de la renta.
En el último ejercicio cerrado (2016) los empleos irregulares aflorados fueron 2.104 en el conjunto de Euskadi: 1.085 en Bizkaia, 598 en Gipuzkoa y 421 en Álava, y el dinero recuperado llegó a los 40,9 millones.
De cara a 2017 la Inspección de Trabajo tiene programadas 6.724 actuaciones para luchar contra el fraude a la Seguridad Social, la mayoría de las cuales se llevarán a cabo en hostelería (1.340), comercio (955) y servicios (845).
Además, para perseguir el empleo no declarado se calculan otras 9.469 actuaciones, que al igual que en el caso anterior podrían incrementarse en función de las denuncias ciudadanas recibidas en el buzón de la Administración del Estado y que son "hilos de los que tira la Inspección de Trabajo".
El director territorial en Euskadi de este organismo ha explicado que la mayor atención a la hostelería obedece a un patrón "clásico", ya que tradicionalmente el empleo sumergido se concentra en este sector.
García también ha señalado que Euskadi "ha sido tradicionalmente bastante cumplidora" con la legislación laboral, pero que a raíz de la crisis han aparecido "comportamientos que se pensaba que no se darían nunca" por entenderse propios de "otros lugares", como la creación de empresas ficticias con falsos contratos que permitan luego el cobro de prestaciones.
En todo caso, la labor de la Inspección de Trabajo en este campo "está dando sus frutos". Los principales fraudes detectados son, en el caso de la Seguridad Social, la falta de cotización, la "infracotización", los contratos parciales que "encubren" jornadas completas y el fraude en el cobro de subsidios.
En el caso de la economía irregular se persigue sobre todo a las empresas que tienen personal sin darlo de alta -y por tanto "sin ninguna cobertura"- y a las que cuentan con trabajadores extracomunitarios con permisos de trabajo de manera "cuasi clandestina".
