La CAV recauda un 10% más tras la última reforma

Son datos calculados tras el cierre definitivo del ejercicio 2016 ayer en el Consejo Vasco de Finanzas (CVF). Sumando todos los impuestos, el año pasado se recaudaron casi 1.200 millones más que en 2013, lo que supone un crecimiento del 10%. En la evolución ha tenido un gran impacto la recuperación de la actividad económica y es muy difícil calibrar la incidencia directa de la última reforma, al igual que ocurre con el bajón en el Impuesto de Sociedades. Determinar los motivos de esa pautas es precisamente uno de los objetivos del trabajo que están realizando en estos momentos los técnicos de las haciendas forales.

evalución del modelo actual Cuando esté finalizado el análisis, se evaluará si es necesario modificar algún impuesto o revisar en profundidad el modelo, pero a día de hoy no hay ninguna decisión tomada al respecto y, dentro de la cautela en la que se mueven los protagonistas, se percibe que no hay sintonía en las posiciones de partida. Bizkaia y Gipuzkoa no son muy favorables a aumentar la presión fiscal, mientras que el Gobierno y Araba lo ven con otros ojos. El “consenso” será el motor de cualquier movimiento que se produzca y no habrá precipitación. Ese fue en resumen el mensaje que defendieron diputaciones y Ejecutivo al término del CFV, el primero presidido por el actual consejero de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu.

El objetivo de la cita era cerrar el ejercicio y liquidar las aportaciones de las haciendas forales a las arcas del Gobierno Vasco. También se fijó el reparto del Fondo General de Ajuste, el bote que ponen todos los años las tres diputaciones y el Gobierno Vasco para compensar a Gipuzkoa y Araba. Ese mecanismo evita desequilibrios entre lo que recaudan y lo que aportan a Lakua las dos diputaciones de menor tamaño.

Todas esas cuestiones pasaron a un segundo plano tras expresar el consejero Azpiazu la semana pasada su intención a abrir un debate sobre el modelo de país y mostrar su disposición a subir los impuestos si se juzga necesario. Sin embargo, el debate se zanjó ayer, al menos públicamente, hasta que concluya la evaluación del modelo actual, una cuestión que ya estaba prevista en el acuerdo alcanzado hace casi cuatro años, recordó ayer el diputado general de Araba, Ramiro González.

¿Qué se modificó en 2013? Se tocaron todos los impuestos gestionados por las haciendas forales -el IVA lo fija el Estado- y se puso el foco en aumentar la presión fiscal para las rentas más altas. En el IRPF se añadieron tres tramos más a la tarifa para las rentas superiores a los 92.310 euros anuales, se limitaron las deducciones por vivienda o las aportaciones desgravables a planes de pensiones y se elevó la fiscalidad del ahorro gradualmente a partir de los 2.500 euros de rentabilidad. Para las empresas se mantuvo el tipo general del Impuesto de Sociedades en el 28%, pero se bajó hasta el 21% el de pymes y microempresas. Aunque se mejoraron las bonificaciones por inversiones de cara a relanzar la economía, se fijó una deducción máxima de un 13% de la base imponible para garantizar un nivel de recaudación aceptable.

El caso es que el Impuesto de Sociedades se ha convertido en uno de los puntos débiles del nuevo esquema fiscal en comparación con las cifras anteriores a la reforma. De hecho, la previsión de recaudación por ese tributo de cara a este año es de algo menos de 936 millones de euros, por debajo del nivel alcanzado en 2016, cuando se superaron ligeramente los 1.000 millones. Ambas son cifras muy inferiores, la mitad, de los 2.034 millones ingresados en 2008.

El diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, reconoció en la rueda de prensa tras el Consejo de Finanzas que los beneficios de las empresas no están al nivel que “nos gustaría a todos”, pero también recordó que las compañias “están invirtiendo” para relanzar su actividad y eso les permite disfrutar de deducciones.

El foco del debate está puesto sobre el Impuesto de Sociedades y la patronal ya ha mostrado su rechazo a una subida. Rementeria “no lo contempla” en estos momentos y prefiere esperar al resultado del examen que están elaborando los técnicos de hacienda antes de actuar. Fue el diputado general de Bizkaia el que afirmó que los resultados de la evaluación deberían estar sobre la mesa en el primer semestre de este año. Y en relación a qué se hará después, Rementeria dejó entrever que no es partidario de aumentar la presión fiscal a las empresas porque necesitan “estabilidad” normativa y porque Euskadi tiene que ser un territorio “atractivo” para las compañías. Todos los integrantes del CVF coincidieron en que no se dará ningún paso en materia fiscal que ponga en riesgo la actividad empresarial y la recuperación de las empresas. En esa línea, el consejero de Hacienda advirtió de que cualquier modificación debe “combinar dos objetivos: garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos y contribuir al impulso de la actividad económica y la generación de empleo”.

El diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, recordó que también hay un compromiso para reformar la Ley de Aportaciones, el reparto del dinero que entregan las diputaciones al Gobierno para los servicios comunes. “El enfoque debe ser integral y todas las instituciones tenemos que ser capaces de alcanzar un acuerdo que satisfaga al conjunto institucional, que todos estemos cómodos con el resultado final”, defendió Olano.

En síntesis, Ejecutivo y diputaciones se comprometieron a sacar del debate público la posibilidad de una subida de impuestos y, en su caso, afrontar esa opción sin prisas. La cuestión es el margen del que se dispone. En lo relativo al Impuesto de Sociedades las empresas vascas tributan al 28% mientras en el Estado lo hacen al 25%. ELA aseguró que “aplazar el debate sobre el Impuesto sobre Sociedades es un escándalo”, y una muestra de que el Consejo de Finanzas “se imponen las tesis de la patronal Confebask, que es quien realmente manda”. CCOO, EH Bildu y Ezker Anitza también presionaron para que se aborde una subida fiscal.