madrid - Los puertos del Estado español, -como ha ocurrido en la costa oeste de Estados Unidos en 2015 y en varios europeos el pasado año-, pueden paralizar su actividad si los estibadores confirman su intención de oponerse frontalmente a la reforma del sector que propugna realizar el Gobierno español, de manera totalmente unilateral, a instancias de las autoridades europeas.
El Ministerio de Fomento ultima una reforma de la estiba, que incluye el despedir a todos los trabajadores indemnizándolos con dinero público. De esa forma, las nuevas empresas los volverían a contratar desde cero -se supone que con menores salarios y peores condiciones laborales-, lo que redundaría en beneficios de las empresas que operan en los puertos. Éstas son cada vez menos por el proceso de concentración que se ha producido para abrir un sector hasta ahora controlado por un colectivo de unos 6.000 trabajadores que es básico para el funcionamiento de los puertos del Estado y la economía. No en vano, ese colectivo gestiona la carga y descarga de la mercancía que entra y sale de España por mar.
La reforma viene impuesta por mandato europeo, que considera el sistema de estiba español contrario a la normativa comunitaria y, por ello, puede imponer a España una sanción de al menos 21 millones de euros, una gota de agua respecto a las pérdidas que una huelga portuaria, y hay precedentes, puede generar. No obstante, Fomento considera que la reforma permitirá mejorar la competitividad de un sector fundamental para la economía. Los puertos canalizan el 86% de las importaciones y el 60% de las exportaciones del país, que están en máximos.
La estiba se canaliza a través de las denominadas sociedades de gestión de trabajadores portuarios (Sagep), que son las que tienen contratados a todos los estibadores. - DNA
