Madrid - El Pleno del Congreso acordó ayer exigir al Gobierno central que derogue la reforma laboral aprobada por el PP y consensúe con los agentes sociales, las formaciones políticas y las comunidades autónomas un nuevo Estatuto de los Trabajadores que contribuya a recuperar derechos y crear empleo estable y de calidad.

El Ejecutivo se lleva otro revolcón parlamentario, si bien no tendrá una consecuencia porque se trata de una proposición no de Ley, no una iniciativa legislativa y es más que improbable que se llegue a ese punto. La propuesta pide derogar algunos de los aspectos de la reforma laboral del PP, como el relativo a la supremacía de los convenios de empresa sobre los sectoriales o la falta de causalidad de los contratos temporales y a tiempo parcial.

La iniciativa, que fue defendida por el portavoz socialista de Empleo, Rafael Simancas, contó con el apoyo además del PNV, Unidos Podemos, ERC y Compromís. Además, PDCat -la antigua Convergència- y Ciudadanos se abstuvieron, aunque también mostraron su interés por cambiar de modo que el único que votó en contra fue el PP, reflejando su soledad en la Cámara.

Simancas explicó que el PSOE no busca derogar todas las normas laborales “de un plumazo” sino analizar las medidas más lesivas y dialogar nuevos cambios con los agentes sociales y con las formaciones políticas.

“La reforma del PP sólo ha traído paro de larga duración, más pobreza laboral y precariedad”, ha subrayado, tras añadir que hay que simplificar los tipos de contratos y acabar con la descausalización de los despidos. El texto final aprobado es fruto de una enmienda transaccional del PSOE, Unidos Podemos y el PNV que “salva” algunos de los preceptos incluía en la reforma laboral del PP. Así, se excluye de esa futura derogación aquellas medidas para mejorar la conciliación de la vida laboral y familiar y actualizar la legislación laboral.

estatuto de los trabajadores En cuanto al nuevo Estatuto de los Trabajadores, el texto aprobado remarca que deberá tener en cuenta la jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo y por las recientes sentencias europeas que piden acabar con la discriminación existente entre los trabajadores temporales y los indefinidos para equiparar sus derechos. En el mismo sentido, la proposición no de Ley contempla adoptar las medidas oportunas para incrementar en los Presupuestos Generales del Estado de 2017 los recursos destinados a políticas activas de empleo.

Durante el debate, el diputado del PNV Iñigo Barandiaran animó al PSOE a mejorar su iniciativa con propuestas concretas y explicó que vota a favor con un “apoyo crítico” ya que el principal problema del mercado laboral es la descausalización de los contratos y de los despidos y la desregulación de los convenios colectivos, que también provocó la reforma laboral del PSOE.

El portavoz de Empleo del PDCat, Carles Campuzano, argumentó la abstención de su formación porque el reto no es la derogación sino “construir nuevas relaciones laborales adaptadas a la nueva economía”.

Los catalanes solicitaban en su enmienda que se encargara a un grupo de expertos independientes un estudio para que en seis meses analizara el impacto de las modificaciones incorporadas entre 2008 y 2015 en materia de empleo.

La diputada de Unidos Podemos Yolanda Díaz recriminó, no obstante, al PSOE que fueran los primeros en imponer una reforma laboral que “finiquitara el derecho de los trabajadores” y, aunque votaron a favor, acusó al PP y al PSOE de precarizar el empleo.

También el portavoz de Economía del grupo parlamentario de Ciudadanos, Toni Roldán, criticó que los socialistas quieran hablar solo de derogar y no de frenar el paro masivo o la dualidad del mercado de trabajo. El diputado el PP Gerardo Camps dijo que la reforma popular funciona gracias al esfuerzo y trabajo de todos y añadió que quien quiera modificarla que demuestre qué quiere cambiar y cómo hacerlo. - DNA