todo apunta hacia un escenario internacional convulso e incierto como consecuencia de políticas económicas marcadas por objetivos electorales o promesas proteccionistas, que han provocado, por ejemplo, que el Banco Central Europeo repita 35 veces la expresión “incertidumbre política” en su último informe sobre estabilidad financiera. No hace falta preguntarse qué puede ocurrir en los próximos meses, el propio presidente de la citada entidad bancaria, Mario Draghi, ha manifestado esta semana que “los retos han aumentado” y que la respuesta europea debe ser “cohesionada y decidida”.

Como cohesionada con las promesas proteccionistas de Trump y decidida es la medida anunciada en Londres que reducirá el impuesto de sociedades hasta el punto de que, en 2020, el Reino Unido cobrará el menor impuesto entre los veinte países más industrializados del mundo para amortiguar los efectos negativos del Brexit y evitar la fuga de compañías. En este contexto, la primera ministra británica, Theresa May, sugiere la posibilidad de dejar el citado impuesto en el 15%, aunque no se descarta rebajarlo hasta el 11%, muy lejos de Francia (33,3%) y Alemania (29,7%), dos países de la UE que en 2017, junto con Holanda, tienen cita electoral al más alto nivel con riesgo, sobre todo en el primero de un triunfo de la derecha antieuropea. Conviene recordar que entre estos tres países suman el 56% del PIB de la UE.

Pero aún hay más. El domingo 4 de diciembre hay una doble prueba de fuego para el futuro de la economía europea. En Italia está convocado un referéndum vinculante para la reforma de la Constitución impulsado por el primer ministro Matteo Renzi, que siguiendo el ejemplo de David Cameron, lo ha convertido en una apuesta personal, lo cual pone en riesgo su continuidad si gana el NO. Entre tanto, Austria puede tener este próximo domingo un gobierno presidido por Norbert Hofer, líder del ultraderechista y antieuropeo, si gana las elecciones, tras el fiasco del pasado mes de mayo, cuando triunfó Alexandre Van der Bellen, ecologista y proeuropeo.

Hay, insisto, datos positivos en la economía vasca. El sector industrial es un buen espejo. No sólo representa un 22% del PIB y el 20% de la población ocupada, también es donde los trabajadores gozan de empleos de mayor calidad y estabilidad. Ahora bien, el síntoma más esperanzador reside en la innovación tecnológica, lo que se conoce como I+D. En este capítulo, Euskadi figura entre los seis territorios de la UE más fuertes, junto a Oslo y Trøndelag, en Noruega; Piamonte y Friuli-Venecia Julia, en Italia, y Bratislava, en Eslovaquia, según el Regional Innovation Scoreboard de la Comisión Europea. Esta tendencia permite que el 60% de la industria vasca esté relacionado con innovaciones tecnológicas y actividades de alto valor añadido, lo cual es una garantía de cara al futuro.

No obstante, el hecho objetivo de estar menos mal que otros no debe ser un consuelo y, mucho menos, ser suficiente. Quedan muchas cosas por mejorar y aquí se verá la eficacia del nuevo Gobierno Vasco que, por otra parte, no menos importante, debe mirar a ese escenario internacional. Este es el gran reto del nuevo ejecutivo vasco presidido por Urkullu. Nadar y guardar la ropa. Es decir, avanzar en el bienestar social, en nuevas tecnologías, en industria, etc., pero protegiendo lo conseguido hasta la fecha, cuando la presión internacional puede ocasionar nuevos problemas de deslocalización empresarial. Para ello, será necesario el concurso de todos, incluidos empresarios y sindicatos. El balance lo veremos dentro de cuatro años.