madrid - El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, planteó ayer “dos restricciones” al diálogo social durante la reunión que mantuvo con sindicatos y empresarios en el Palacio de La Moncloa: no salirse del marco presupuestario que permitirá cumplir con el objetivo de déficit y “no liquidar” las reformas realizadas en su mandato, como la laboral o la de pensiones.
“El presidente del Gobierno ha sido honesto con los agentes sociales. Tenemos que cumplir con la senda de déficit público y no deberían hacerse muchos cambios en las reformas que funcionan para no perjudicar la creación de empleo”, afirmó la ministra de Empleo, también presente en la reunión.
No obstante, Báñez precisó que, por la vía del diálogo social, se podrían mejorar algunos aspectos concretos, entre ellos la calidad del empleo que se crea en España. Ahora bien, la propia ministra reconoció que sindicatos y empresarios “no tienen muchos puntos de acuerdo” y que primero se necesitaría su consenso.
De esta forma, el Gobierno estaría dispuesto a acometer modificaciones parciales de la legislación laboral, siempre y cuando patronal y sindicatos alcancen un acuerdo previo.
El problema es que los sindicatos no ven el modo de mejorar la calidad del empleo sin cambiar el núcleo duro de la reforma laboral. “¿Cómo se mejora la calidad del empleo sin tocar la reforma laboral?”, se preguntó Toxo, que añadió que ahora es el momento de revisar las reformas hechas, cambiarlas “radicalmente” y plantearse objetivos “más ambiciosos”, como rebajar el paro del 10% en esta legislatura.
Por su parte, el secretario general de UGT subrayó que “decir que se puede mejorar la calidad del empleo sin tocar la reforma laboral es pura retórica verbal”. “La reforma laboral se tiene que tocar porque no va a quedar remedio”, añadió.
En cambio, los empresarios consideran que la reforma laboral les ha sido muy útil. “Durante la crisis se cerraron más de 300.000 empresas. Sin reforma laboral se habrían cerrado muchísimas más”, dijo el presidente de Cepyme, que ha admitido que sindicatos y patronales “tienen diferencias y distintas sensibilidades”, por lo que van a necesitar trabajo y tiempo.
Las tres partes acordaron un listado de temas sobre los que abrir ámbitos de negociación y precisamente la mejora de la calidad del empleo, junto a la revisión del salario mínimo interprofesional (SMI) y el fortalecimiento el sistema público de pensiones, son algunos de ellos.
Tanto la ministra como los dirigentes sindicales y los presidentes de CEOE y Cepyme, Juan Rosell y Antonio Garamendi, coincidieron en que la reunión es el inicio de un proceso, un primer paso, aunque en un escenario político muy distinto al del pasado, pues la nueva aritmética parlamentaria exigirá al Gobierno buscar acuerdos políticos y sociales.
Al respecto, Toxo y Álvarez no fueron sido especialmente optimistas sobre el devenir de las negociaciones con el Ejecutivo. “Yo salgo como he entrado. Esta reunión no ha servido para tomar el pulso para ver si hay voluntad de acuerdo, aunque sí hay una cosa que me hace ser relativamente optimista: que la coyuntura política obliga a la negociación”, aseguró el líder de UGT, que señaló además que España debe acostumbrarse a que la palabra negociación vaya acompañada de movilización.
Toxo, por su parte, señaló que salía de este encuentro “con algunas incógnitas” que espera que se acaben resolviendo, entre ellas todo lo relativo al salario mínimo interprofesional. El Gobierno ha planteado un escenario de revalorización del SMI de entre cuatro y ocho años, pero sin detallar cantidades, a lo que los sindicatos respondieron que debería hacerse en una sola legislatura.
Los empresarios, por su parte, señalaron que harán llegar al Gobierno su propuesta para el salario mínimo después de que la analice su Junta Directiva el próximo 14 de diciembre. No obstante, la ministra indicó que el Gobierno hará su propuesta a principios de diciembre.
Para Rosell y Garamendi, la aritmética parlamentaria actual debería verse en positivo y aprovecharla para alcanzar “grandes pactos” en España. - Europa Press