madrid - El Gobierno redactará “en semanas” un real decreto-ley para regular el bono social eléctrico -al que pueden acogerse los consumidores más vulnerables- a fin de cumplir las exigencias del Tribunal Supremo sobre su financiación, que recaerá en las comercializadoras de electricidad “sin exclusiones”.
El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, se reunió ayer en el Congreso con todos los grupos parlamentarios para buscar una salida a la reciente sentencia del Supremo que anuló el modelo de financiación del bono social, que hasta ahora recaía en las grandes eléctricas. Además, se ha planteado la necesidad de definir con mayor precisión a qué personas o colectivos debe proteger. La oposición apoyó al Gobierno en la idea de exigir que las életricas asuman el bono social pero reclamó una “tregua invernal” para que no se corte el suministro de electricidad y gas a las familias que no pueden pagar las facturas. Nadal dijo que ha habido unanimidad para mantener el modelo de bono social.
Desde 2013, el pago recae en las compañías con actividades de producción, distribución y comercialización, lo que se conoce como “integradas”. Aunque se trata de 23 empresas, a cada una le corresponde un porcentaje en función de sus clientes. Endesa (41 %), Iberdrola (37,9%), Gas Natural (14,7%), HC (3,2%) y Viesgo (2,2%) asumen el 99% del coste, que ronda 200 millones anuales. Ampliarlo haría que el coste se repartiera entre unas 250 empresas. El bono social eléctrico supone un descuento del 25% sobre el importe de la factura. Hay, 2,4 millonesde consumidores acogidos. - DNA
