BILBAO. El Juzgado Penal nº1 de Bilbao ha iniciado este mismo jueves la vista oral contra estas tres personas, si bien la juez ha determinado aplazar el juicio hasta el 27 de enero tras sendas peticiones de la defensa de uno de los acusados y de la Fiscalía por distintos motivos, según han confirmado fuentes de LAB.
En concreto, el representante de uno de los acusados ha alegado contra la presencia como acusación del Ayuntamiento de Bilbao por los destrozos que se produjeron en el mobiliario urbano durante la jornada sin "acusar a personas concretas" ya que, según han indicado, sentencias precedentes establecen que no se puede "imputar los daños de forma genérica". La juez tendrá ahora que pronunciarse sobre si admite o no esa petición.
Asimismo, la Fiscalía también ha pedido un aplazamiento ya que varios de los testigos que había citado no se han presentado a la sesión.
En este juicio, están acusados el delegado de LAB en la empresa Jez y otras dos personas que participaron en las movilizaciones convocadas por sindicatos y organizaciones sociales el 3 de marzo de 2014, fecha en la que representantes de organismos internacionales como el FMI, la OCDE, la Comisión Europea, el Banco Europeo de Inversiones, así como miembros de las instituciones y responsables de empresas, se reunieron en una cumbre económica en Bilbao.
Durante los incidentes que se registraron fueron detenidas una decena de personas, que están siendo juzgadas en distintos procesos judiciales.
CONCENTRACIÓN
Con motivo del inicio del juicio, se han concentrado en la entrada de los juzgados bilbainos varias decenas de personas, entre ellas representantes de LAB y de la empresa Jez bajo el lema 'Queremos a Iñaki y los otros libres. La respuesta no es delito'.
El responsable de la Federación de Industria de LAB en Aiaraldea, Agapito Valle, ha denunciado que el delegado del sindicato se enfrenta a una petición por parte de la Fiscalía de cinco años de cárcel y 214.000 euros de multa con una acusación de daños, desórdenes públicos y atentado a la autoridad.
Valle ha criticado que se pretenda "meter en cárcel por varios años o imponer multas millonarias, imposibles de pagar para ellos", a las personas que "se están enfrentando a los recortes", con el "único objetivo de servir de escarmiento para otras personas y que se lo piensen dos veces antes de enfrentarse a su poder".
El responsable de LAB ha considerado "vergonzoso" que se produzcan esas peticiones mientras quienes "se han dedicado a repartir miles de millones a los bancos de dinero público, han aprobado recortes y eliminado ayudas sociales, han repartido dinero con 'tarjetas Black', sobres, comisiones por adjudicaciones y demás tengan asegurado que no van a pisar la cárcel, o si acaso de pasada, y sus casos se dilucidan con una multa irrisoria para sus fortunas".
