bilbao - El Gobierno Vasco continúa evaluando estos días el alcance de la histórica sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que ya ha tenido eco en la CAV, que obliga a igualar las indemnizaciones por despido de los temporales y los indefinidos. Aún no ha calculado el coste que tendrá para las arcas públicas el desembolso de estas compensaciones, que podrían ser solicitadas por el 4% de la plantilla del Gobierno Vasco y sus empresas públicas, en total entre 80.000 y 85.000 personas. Por tanto, estarían afectados por las sentencias entre 3.200 y 3.400 empleados públicos, aunque se trata en todo caso de un cálculo aproximado. ELA considera que el nuevo criterio judicial alcanza también al personal eventual administrativo y eleva la cifra a 45.000 afectados.

El portavoz en funciones del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, explicó ayer que no se recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que, siguiendo la línea europea, equipara la indemnización de una trabajadora temporal despedida con los 20 días por año que le corresponden al personal fijo. Erkoreka considera que la interpretación del tribunal vasco es “correcta” y dijo también “respetar” la decisión de la jueza Garbiñe Biurrun de animar a los trabajadores a reclamar lo que les corresponde después de que la patronal vasca haya censurado la actitud de la magistrada.

El Gobierno Vasco está analizando los efectos que puede tener el reciente pronunciamiento del TSJPV y aun no tiene una cifra concreta sobre el coste que puede suponer su aplicación en la administración, aunque Erkoreka indicó ayer que el fallo afecta al 4% del personal del sector público vasco. No obstante, la mayor parte del personal temporal y con contrato laboral -es decir, que no ocupa plaza de funcionario- se concentra en las fundaciones y sociedades públicas como es el caso de EITB, cuya regulación no depende directamente de la mesa general de la función pública. La plantilla directa de Lakua ronda las 70.000 personas, a las que hay que sumar las que pertenecen a sociedades públicas. En total, el sector público de la CAV, sin diputaciones ni ayuntamientos, cuenta con entre 80.000 y 85.000 empleados, de los que un 4% es laboral temporal, lo que en cualquier caso sitúa el número de interinos que pueden reclamar indemnizaciones por encima de 3.000.

45.000, según ela Un criterio que no comparte el sindicato ELA, que cifra el número de empleados públicos que pueden acudir a los tribunales en 45.000. Peio Igeregi, responsable de la central en Osakidetza, recuerda que ese porcentaje del 4% “deja fuera a todo el personal temporal con contrato administrativo” e indica que la sentencia europea que dio origen al nuevo criterio señala que la indemnización del personal estaturario y funcionario tiene que ser similar a la del laboral. Es decir, para la central vasca los trabajadores que ocupan una plaza de funcionario de manera temporal también pueden reclamar la indemnización de 20 días por año.

Por otro lado, el responsable de ELA remarca que otra sentencia europea “ha puesto límite a la contratación eventual” en la administración e “impide cubrir puestos que son estructurales con contratos temporales”. “Más allá de los criterios judiciales, pedimos al Gobierno que se siente a negociar fórmulas para rebajar la elevada tasa de temporalidad en el sector público vasco, que está en el 35%”, urge Igeregi.

El 4%. Según el Gobierno vasco las últimas sentencias que equiparan las indemnizaciones de temporales y fijos afectan al 4% del sector público de la CAV -sin contar diputaciones y ayuntamientos-, que suma entre 80.000 y 85.000 personas. Serían, por tanto entre 3.200 y 3.400 trabajadores, la mayoría pertenecientes a las fundaciones y sociedades públicas como Eitb.

ELA eleva la cifra. ELA considera que hay que sumar también al personal eventual que ocupa plaza de funcionario aunque no sea personal laboral. Así, el sindicato estima que pueden cobrar 20 días por año 45.000 empleados públicos de la CAV.