BRUSELAS. La Comisión Europea ha reclamado este martes al nuevo Gobierno español que elabore y remita "lo antes posible" un presupuesto actualizado para 2017 que contenga las reformas necesarias para cumplir con el objetivo de reducir el déficit hasta el 3,1% del PIB, lo que supone aprobar unos ajustes de unos 5.500 millones de euros.
En una carta, el vicepresidente del Ejecutivo comunitario, Valdis Dombrovskis, y el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, agradecen al Ejecutivo en funciones que haya enviado a tiempo el borrador presupuestario para 2016, que Bruselas recibió el 15 de octubre, pero recuerda que la previsión de cierre para 2017 es del 3,6%, cinco décimas por encima de la cifra pactada.
"Por lo tanto, pedimos garantías por parte de las autoridades españolas de que en los próximos días el nuevo Gobierno, lo antes posible una vez que haya asumido el cargo, entregue un borrador presupuestario actualizado a la Comisión (Europea) y al Eurogrupo en el que garantice el cumplimiento de los objetivos", añade la carta, enviada al ministro de Economía y Competitividad en funciones, Luis De Guindos.
El Ejecutivo comunitario asegura en la misiva ser consciente de que el borrador actual sólo incluye las acciones que ha podido adoptar un Ejecutivo en funciones y no contiene nuevas medidas para 2017.
No obstante, Bruselas también subraya que la proyección del déficit público para este año está en línea con el objetivo comprometido, pero que la del próximo año es cinco décimas superior a la pactada: el borrador prevé un desvío del 3,6%, mientras que la nueva senda fiscal establece que el déficit de 2017 debe ser del 3,1%.
Además, la Comisión Europea advierte de que "el logro del esfuerzo fiscal recomendado no está asegurado". "Esto puede suponer riesgos para una corrección sostenible y a tiempo del déficit público excesivo en 2018", afirma la carta. Ese año España debe reducir el déficit por debajo del 3%.
A través de esta carta, Bruselas ha expresado su primera opinión sobre los borradores presupuestarios de los socios comunitarios. Otros seis países (Bélgica, Chipre, Finlandia, Italia, Lituania y Portugal) también han recibido advertencias por sus planes.
