madrid - “La mayoría de los pensionistas de la OCDE disfrutan de un nivel de vida tan bueno como la población media de sus naciones, pero la situación está cambiando”. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico alertó ayer de los efectos negativos de las últimas reformas de las pensiones en la calidad de vida de los jubilados, al tiempo que advirtió de que los jóvenes se verán afectados en el futuro porque no está a su alcance “un trabajo de por vida” y con los actuales niveles de paro juvenil generarán una pensión mucho menor que la de sus padres.
El mensaje tiene un valor incalculable viniendo del denominado club de los países ricos, un estigma que la izquierda considera que se ha ganado a pulso por sus recetas neoliberales. Sin embargo, la advertencia planteada por su secretario general, Ángel Gurria, no busca revertir las reformas, sino todo lo contrario.
La organización percibe que es necesario elevar más todavía la edad de jubilación y situarla más cerca de los 70 años que de los 67 que, en general, han asumido todos los países industrializados. Un movimiento que, a juicio de la OCDE, ha de realizarse sin perder de vista la necesidad de poner coto a la jubilación anticipada y acercar la edad de retiro real a la que marca la ley. La receta no cambia pero hay que servir el plato más caliente.
El caso es que el planteamiento de Gurría coincidió en el tiempo con la presentación de una nueva propuesta de rebaja de las cotizaciones sociales diseñada por el equipo económico de Mariano Rajoy. Se trata de un camino que ya ha explorado durante la legislatura, siempre con el propósito de generar empleo y sin gran éxito a la luz de los datos. Es un recurso que ha contribuido a la merma de ingresos en el sistema del que se nutren las pensiones, que el año pasado recibió 447 millones de euros menos por cotizaciones y que esté curso prevé otra caída de 613 millones pese a que hay más personas trabajando que hace doce meses.
A las puertas del inicio de la campaña del 20-D, el candidato a la presidencia del PP lanzó una promesa electoral para fomentar la contración indefinida. Una especie de amnistía para empresarios y trabajadores, que no cotizarán a la Seguridad Social por los primeros 500 euros del sueldo de los contratos fijos que se formalicen.
La propuesta cocinada en Génova se le indigestó a los sindicatos por su carácter “electoralista” y por ser un “despilfarro” que, a su juicio, no solo no generará empleo indefinido, además estrechará todavía más los recursos de los que salen las pensiones de los ciudadanos. La oposición también mostró su desconfianza porque ni le cuadran las cuentas ni le suena bien el discurso a un suspiro del inicio de la campaña electoral.
sostenibilidad del sistema En ese contexto, toma cuerpo el mensaje de la OCDE, que viene a reconocer implícitamente que la estrategia que se ha seguido no funciona. Con todo el club de los ricos plantea poco menos que una huída hacia adelante y no mover ni un milímetro el timón.
¿Hay otras fórmulas que garanticen la sostenibilidad del sistema público de pensiones sin tener que seguir retrasando la edad del retiro? El catedrático de Economía de Sarriko, Joaquin Arriola, sostiene que hay tres vías para hacerlo. Subir las cotizaciones de la Seguridad Social para engordar la hucha de la que salen las jubilaciones, aumentar los ingresos a través de un nuevo impuesto o resignarse y bajar las pensiones para repartir lo poco que haya.
El objetivo es “redistribuir” los recursos para garantizar la calidad de vida de las personas que se retiran, explica a este diario, y para ello es necesario darle la vuelta a las políticas que se han aplicado hasta ahora. En cambio, Arriola considera que la nueva propuesta de Rajoy va justo en la dirección contraria.
“Es una barbaridad. No va a crear más empleo, va a transformar empleo temporal en fijo. Será un maquillaje para que el mercado laboral parezca más estable, pero ahora es tan barato despedir que ya no cabe hablar de indefinidos”, argumenta. Añade que la medida profundizaría en el “desequilibrio” entre ingresos y gastos de la Seguridad Social y demuestra que los populares están más interesados “en vender ese producto tan bonito, las pensiones privadas”, que en garantizar la sostenibilidad de las públicas.
1.271
euros era la pensión media en Euskadi en noviembre. La cifra se ha incrementado en unos 257 euros durante la crisis, pero desde la entrada en vigor de la reforma laboral en enero de 2013 la revalorización ha sido de sólo 72 euros.
