gasteiz - El Gobierno Vasco ha logrado cerrar un acuerdo con Madrid por el que Lanbide asumirá la gestión de algunas bonificaciones en las cotizaciones que pagan las empresas a la Seguridad Social. El Ejecutivo español reconoce por primera vez que las ayudas en las cuotas sociales son estímulos a la creación de empleo y por tanto políticas activas, transferidas a la CAV en 2010. Se trata de una entente de gran significado político para Euskadi, que encuentra una vía de acceso a parte de las competencias que dependen directamente de la caja única de la Seguridad Social.

El portavoz del Ejecutivo vasco, Josu Erkoreka, dio a conocer ayer que, tras meses de negociaciones, alcanzado un acuerdo con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por el que Madrid reconoce que las bonificaciones en las cotizaciones sociales incluidas en dos decretos aprobados esta legislatura invaden las competencias de Euskadi, tal y como venía defendiendo el gabinete de Iñigo Urkullu.

En concreto, se trata del decreto ley aprobado en febrero de este año de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social, por el que se activan una serie de bonificaciones sociales en la contratación de jóvenes y trabajadores autónomos por conciliación de la vida profesional y familiar. El acuerdo también afecta a la ley para la aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, con reducciones de 300 euros en la cuota a la Seguridad Social al contratar a jóvenes de menos de 30 año que ni estudian ni trabajan.

Ambas leyes habían sido recurridas por la CAV por invasión competencial ante el Tribunal Constitucional, recursos que serán retirados a raíz del pacto con Madrid. En esencia, el Ejecutivo del PP reconoce que las bonificaciones sociales, al menos en los casos de los jóvenes y los autónomos, son en realidad un incentivo a la creación de empleo y, por tanto, es un asunto que entra dentro de las políticas activas de empleo que gestionan las comunidades autónomas. El acuerdo no implica la movilización de recursos entre administraciones, ya que en última instancia las bonificaciones corren a cargo de la Seguridad Social, sino que se limita a la tramitación y el control de las ayudas que en todo caso pueden ser reforzadas por parte de las instituciones vascas.

Euskadi logra arrancar así a Madrid una tarea estrechamente vinculada a la caja única de la Seguridad Social y que hasta ahora realizaba el Servicio Público de Empleo Estatal. “Este reconocimiento es muy importante porque, hasta la fecha, el Gobierno español ponía en duda la capacidad de Lanbide para ejecutar dichas bonificaciones y fijar en Euskadi su propia política de incentivos para favorecer la creación de empleo juvenil”, explicó ayer Erkoreka, que recordó que el hecho de que fuese el antiguo Inem el que financiaba, controlaba y revisaba todos estos incentivos suponía el incumplimiento del acuerdo por el que se traspasaron las políticas activas en 2010.

Al margen de interpretaciones posteriores que puedan surgir de este acuerdo, se trata de un pequeño paso en la reivindicación histórica de Euskadi de poseer un sistema propio de cotizaciones sociales con el que sostener las pensiones. Cuanto menos se abre una vía para que Lanbide pueda gestionar el resto de bonificaciones sociales que se activen dentro de programas para incentivar el empleo.

Tras el acuerdo, Euskadi retirará los dos recursos al Tribunal Constitucional que había presentado a sendos decretos por invasión competencial. En todo caso, persisten en vía judicial otros dos recursos presentados por Lakua en materia de empleo, tanto el planteado al Plan Prepara como el del programa de activación para el empleo. Son dos planes que, si bien incluyen ayudas para parados de larga duración, el Ejecutivo vasco considera políticas activas puesto que su objetivo último es la reinserción laboral. Madrid mantiene el criterio de que se trata de políticas pasivas cuya gestión corresponde al Estado.