Vitoria - El Consejo de la Juventud de Euskadi (EGK), integrado por varias decenas de agrupaciones juveniles, presentó ayer una serie de propuestas para impulsar el empleo de calidad en este colectivo. La plataforma juvenil ve en las becas y otros modelos de contratación “excepcionales” como los contratos en prácticas una de las causas de la creciente precariedad, e insta a las administraciones vascas a dejar de financiar estas figuras laborales. Además, reclama que se refuercen las inspecciones en las empresas para detectar fraudes en forma de falsos autónomos o de jornadas que exceden el número de horas fijadas en el contrato.

La institución que representa a la juventud vasca recordaba ayer que los jóvenes sufren una tasa de desempleo del 30% en la CAV -entre los menores de 25 años asciende al 38,8%, según Eustat-, y además entre los que sí trabajan predominan los bajos salarios y la temporalidad. En este sentido, el consejo denuncia que la brecha entre lo que cobra un joven y el sueldo medio es de 8.000 euros al año, con un porcentaje de temporales del 95% y por ello más probabilidades de ser despedidos.

Por ello, EGK reclama a las administraciones públicas que impulsen planes de empleo de calidad, y reivindica que en ningún caso el empleo juvenil tiene que significar empleo con menos derechos. Su presidenta, Itsaso Andueza, dio a conocer ayer las recetas elaboradas por el organismo juvenil que han sido divididas en varios bloques, con medidas contra la precariedad por un lado y, por otro, con peticiones concretas para mejorar las oportunidades laborales.

En el primer grupo se incide en la importancia de frenar la precariedad, “que se ha acentuado en los últimos años” y que cuenta, según el informe, con una “amplia cobertura legal” a través de un marco legislativo “lamentable”. Y se hace referencia a algunos de los atajos utilizados por los empresarios para ahorrar costes laborales, como los contratos en prácticas o de formación, o directamente los “no contratos” como es el caso de las becas. EGK pide a las administraciones vascas que dejen de financiar con dinero público este tipo de fórmulas, que “suponen una reducción de los derechos laborales de las personas jóvenes”. “Es importante que se desarrolle un plan para eliminar estas figuras de la financiación”, señala el consejo, que pide a las instituciones que realicen un trabajo con las empresas privadas “para que estas también hagan uso de su responsabilidad social en relación a la contratación joven” y se inclinen por impulsar el empleo estable o, en todo caso, hagan “un uso responsable” de las prácticas y becas sin que estas sustituyan puestos de trabajo indefinidos.

Además, el consejo juvenil reclama intensificar las inspecciones de trabajo para destapar prácticas ilegales en las empresas como el empleo sin contrato o con jornadas reales muy por encima de lo estipulado en el contrato sin que se contabilicen horas extras -en el informe se habla de jornadas que incluso cuadruplican el número de horas acordado-. También se señala la fórmula, cada vez más utilizada, del falso autónomo, personas que trabajan en las mismas condiciones que el resto de la plantilla pero no cuentan con contrato de asalariado, así como los riesgos que genera la precariedad para la seguridad laboral.

cláusulas sociales Para reactivar la contratación, EGK incluye medidas como las cláusulas sociales para los jóvenes en las adjudicaciones públicas de obras y servicios, flexibilizando los criterios para acogerse a estas cláusulas y que puedan dar cabida en mayor medida a la juventud.

Además, el consejo indica que durante la crisis se han ido eliminando las medidas de relevo generacional en las empresas, y pide que se recuperen fórmulas para dar paso a los jóvenes a los puestos de trabajo estables mediante OPE o contratos de relevo, una vía esta última que se está trabajando ya en la mesa de diálogo social que integran Gobierno Vasco, Confebask y CCOO y UGT.

La plataforma también pide que se mejore la orientación laboral y el acceso a las ayudas sociales, así como más oportunidades para los jóvenes que han tenido que marcharse al extranjero. “Debería mantenerse un contacto periódico con estas personas para tener información directa sobre su situación y demandas”, expone EGK, que propone que se facilite a quienes se han marchado la regularización en la Seguridad Social de los empleos desarrollados en el extranjero.