BRUSELAS - Europa sospecha que España hizo trampas al sanear las cuentas de ciertos bancos y cajas de ahorros. La Comisión Europea ha abierto una investigación para determinar la posible ilegalidad de una parte de las ayudas públicas que ha recibido el sector, en concreto de unos 30.000 millones de euros que gracias a un decreto del Gobierno de Rajoy computaron como parte del capital principal de las entidades. Madrid autorizó a utilizar un truco contable para maquillar los números de sus bancos en contra de la orden de Bruselas, algo que también hicieron Italia, Grecia y Portugal, lo que puede poner en riesgo el conjunto de la operación de saneamiento del sistema financiero español.

La banca española vivió un momento crítico a las puertas del verano de 2012, cuando el Gobierno español se vio obligado a solicitar ayuda a Europa para arreglar las cuentas de las entidades más problemáticas. Bruselas puso a disposición del sistema financiero español hasta 100.000 millones de euros a cambio de ajustes del gasto público y una reforma financiera que impidiera futuras crisis, de los que se utilizaron unos 40.000, principalmente destinados a Bankia, CAM, Catalunya Banc y Novacaixagalicia.

Un “préstamo en condiciones muy favorables”, según el Gobierno de Rajoy, que evitó hablar de rescate. “Esto no tiene absolutamente nada que ver con un rescate”, llegó a afirmar el ministro Luis de Guindos al anunciar la petición de ayuda.

Pero esos 40.000 millones son solo la parte más conocida y de mayor repercusión mediática de una elevada factura para las arcas públicas que se ha traducido en fuertes ajustes en el gasto en servicios y ayudas sociales, subidas de impuestos y recortes en las condiciones laborales de los funcionarios. Según un informe publicado hace un año por el Tribunal de Cuentas del Estado, el sector financiero ha recibido más de 107.000 millones de euros en ayudas públicas entre 2009 y 2012. El Gobierno español rebaja la factura a poco más de 60.000 millones.

Más allá de las inyecciones directas, las entidades financieras se han beneficiado de un cambio normativo efectuado por el Ejecutivo de Rajoy en 2013, que permitió a bancos y cajas contabilizar como capital principal los llamados activos por impuestos diferidos, que equivalen a lo que el banco se ahorra en cargas fiscales por tener pérdidas, un ahorro que en realidad solo se materializa cuando la entidad vuelve a beneficios.

Por ello, Bruselas obliga a los bancos a no computar como capital real estos activos, pero el Ejecutivo español prorrogó la argucia contable convirtiéndolos en créditos fiscales, de manera que, al contar con el aval del Estado, una parte de estos activos por impuestos diferidos pudieran seguir computando como capital de máxima calidad. En concreto, Madrid autorizó a contabilizar en los balances el 60% de los activos por impuestos diferidos, lo que en el conjunto del sistema financiero permitió engordar las cuentas en unos 30.000 millones de euros.

Una jugada política clave para terminar de maquillar los números de ciertas entidades y que también se utilizó en otros países del sur de Europa con sistemas financieros inestables como Italia, Portugal y Grecia. Las actuaciones de los cuatro países se sitúan ahora bajo la lupa de la Comisión después de que varios eurodiputados se hayan interesado por esta cuestión.

“La Comisión ha enviado cartas pidiendo información a estos estados miembro que dieron garantías a diferentes activos fiscales para entender cómo funcionan y si implican ayudas de estado”, señaló ayer el portavoz comunitario Alexander Winterstein, quien explicó que se están analizando ya algunas respuestas recibidas y que “llevará tiempo” tomar una decisión al respecto. La Comisión aclaró que ha enviado cartas a los gobiernos de España, Italia, Grecia y Portugal.

Los portavoces comunitarios no aclararon en cambio por qué se inicia la investigación ahora y no en el momento en que se produjeron los cambios normativos en los respectivos estados, sometidos a una férrea vigilancia del BCE, el FMI y la propia Comisión. “Es una investigación en curso, no prejuzgamos el resultado. No es una investigación formal y, si tomamos una decisión tendrá que tener en cuenta factores como las leyes existentes y la estabilidad financiera”, subrayó la portavoz comunitaria Lucía Caudet rebajando los posibles efectos adversos que tendría una resolución negativa sobre estos mecanismos para ayudar a la banca.

Y es que la nulidad de estos incentivos podría poner en un aprieto a más de una entidad, además de poner en jaque las operaciones para estabilizar los sistemas financieros del sur de Europa.

“no es discriminatorio” El Gobierno español rechazó que las garantías concedidas a los activos fiscales diferidos constituyan ayudas públicas ilegales. Fuentes del Ministerio de Economía indicaron a Europa Press que estas garantías no pueden considerarse como ayudas de estado a la banca al no tratarse de un mecanismo discriminatorio, es decir, al no beneficiar a empresas concretas ya que cualquier entidad puede hacer uso del mismo.