las apuestas tecnológicas en materia de automoción alternativas al sector tradicional parecen haber pinchado definitivamente para unos años en Euskadi. Si Epsilon fue un golpe duro que dejó un reguero de reproches y de dinero público que no alcanzó sus objetivos, Hiriko parece la puntilla a la iniciativa público-privada basada en conceptos revolucionarios de alto valor añadido tecnológico e innovador sobre el papel.

La ambición de un proyecto vasco de Fórmula 1 concluyó con la quiebra declarada culpable por los tribunales que conllevó la inhabilitación de su referente, Joan Villadelprat, que habría descapitalizado, según la sentencia, a Epsilon Euskadi. Antes, el proyecto disfrutó durante su crecimiento de un total de 48 millones de euros del erario público que dieron lugar, entre otras cosas, a un prototipo de coche de competición que no cogió pista. Por el camino quedaron desarrollos tecnológicos específicos que hoy ninguno recordamos. A cambio, el foco político y mediático se ha concentrado en quienes tomaron las decisiones institucionales de sustentar aquel modelo de promoción de la I+D+i en los gobiernos que decidieron hacerlo: el socialista de Rodríguez Zapatero al 77% y el de Juan Jose Ibarretxe formado por PNV, EA y Ezker Batua, al 23% restante.

Una historia que se repite ahora con Hiriko, a cuyo final trágico -y la justicia determinará si también culpable- se añade el ruido extremo de una discurso marcado por el año electoral que vuelve grupas contra quienes lo apoyaron políticamente donde antes se metían codos para salir en la foto. El punto de partida del proyecto público-privado puede resultar más que cuestionable en el imaginario sociológico compartido a la luz del momento. Una inversión privada de 300.000 euros como base para arrastrar a más de 17 millones de fondos públicos tiene difícil venta en la opinión pública.

Criminalización de la I+D El fracaso de Hiriko y el enfoque que se está trasladando a esa opinión pública sobre todo el proyecto están siendo amargamente lamentados en no pocos centros y empresas vascas dedicadas a la innovación tecnológica. Centros de desarrollo tecnológico, cuyos proyectos dependen, aún hoy, en buena medida del mantenimiento de una política de incentivación de su actividad con fondos públicos, temen que su futuro se oscurezca por un debate que consideran ajeno. En el caso concreto de Hiriko, el cuestionamiento de toda la acción de soporte público parece orientado a trasladar la imagen de que las afinidades políticas han sido la única razón de su existencia.

Sondeados varios representantes del sector empresarial e innovador por DNA, su primera reacción es evitar que sus nombres y los de las entidades que acogen su actividad se vean mezclados en un debate que sienten orientado desde y para la política en año electoral. El daño reputacional es una variable que ellos tienen muy en cuenta porque tienen que circular con su marca, cuando no su nombre propio, en el ámbito internacional para poder ser referencia. Luego llegan las quejas: temen que se asiente en la opinión pública una “criminalización de la I+D en función del grado de éxito o fracaso” de proyectos que en no pocas ocasiones implican desarrollos parciales pero no éxitos totales por cualquiera que sea la causa.

Hoy por hoy, recuerdan, salvo en sectores de rápida comercialización a través de productos de consumo masivo como la telefonía móvil -que los incorporan sistemáticamente con una estrategia de prueba y error que se amortiza a la velocidad que se renueva la oferta- la mayoría de los desarrollos tecnológicos fruto de iniciativas de I+D+i alternativas a la gran industria no se soportan por sí mismos aunque abran la puerta a aplicaciones que sí sean capaces de producir rendimientos económicos en el medio plazo. La apertura de líneas de explotación de nuevas tecnologías en un Estado como el español, donde no hay grandes conglomerados empresariales tecnológicos, requiere al menos el incentivo, cuando no la financiación pública.

En el caso de Hiriko, las diferentes empresas participantes en sus desarrollos tecnológicos sostienen que los frutos del trabajo están a la vista de quien quiera testarlos y que su aplicación sigue teniendo un recorrido en distintos sectores. Pero hoy, muchas de ellas están pendientes de un proceso judicial en el que corren el riesgo de tener que defender muchos cientos de miles de horas de desarrollos y pruebas en términos de aplicación a cadenas de montaje para justificar cada euro recibido. Los agentes tecnológicos consultados no restan un ápice a la acción de la Justicia en el caso Hiriko. Conceden que es necesario aclarar si se han producido o no desvíos de fondos y malversación pero reclaman que en esos hechos no se sustancie toda la legitimidad del proyecto de I+D tecnológico en el que han participado. Es un mensaje para el que no encuentran altavoz.

Con dinero público Inequívocamente, en el origen del proyecto Hiriko hubo política. La que sirvió para incluir en 2009 la primera enmienda del PNV en los presupuestos de Ciencia y Tecnología del Gobierno Zapatero del año siguiente. Sin esa primera inyección de 5,75 millones de euros, no habría nacido. Al año siguiente se incluirían 9 millones más también apoyados en la necesidad de la minoría parlamentaria del gobierno español. Es un extremo destacado hasta la saciedad en cada crítica política al proceder público respecto a Hiriko. Lo que se obvia en esa crítica es el reconocimiento de que, junto a esos 14,5 millones en dos años para el frustrado proyecto de coche eléctrico vasco, el mismo método negociador del Grupo Vasco del PNV trajo a Euskadi en el mismo período inversiones por casi 200 millones de euros. De ellos, unos 145 destinados a casi medio centenar de proyectos de Ciencia y Tecnología.

Entre ellos, algunos tan significativo, por cuantía y trascendencia, como los que permitieron poner en marcha el Basque Center for Applied Mathematics, de referencia mundial; la consolidación del Parque Científico de la UPV con casi 9 millones de financiación del Estado; el European Virtual Engineering Center para la generación y transferencia de conocimiento y gestión tecnológica hacia las empresas vascas; y diversas iniciativas en los campos de la biofísica o la excelencia en todas las universidades vascas.

En el sector recuerdan que ese modelo mixto de financiación pública-privada de proyectos empresariales se sostiene habitualmente a partir del impulso de capital público que permite materializar el arranque del proyecto. Socios tecnológicos del Hiriko miran con envidia el laboratorio de smart grids de Tecnalia en el Parque Tecnológico de Zamudio. Fruto de una inversión de 14 millones acometida desde 2010, sitúa a Euskadi en la vanguardia del sector en el Estado y como referencia europea. Aquellos primeros 6 millones enmendados en los presupuestos de Zapatero de aquel año por el PNV también tienen algo que ver.