MADRID. Así lo han reclamado en una vista en la que las partes han sido convocadas por el juez instructor para estudiar la petición de varios particulares de fijar fianzas solidarias en concepto de responsabilidad civil para cubrir las posibles responsabilidades pecuniarias que puedan derivarse.
En la vista, que se ha celebrado a puerta cerrada durante más de cuatro horas, la Fiscalía Anticorrupción y el FROB se han opuesto a la petición de los más de 2.000 perjudicados, quienes han cifrado su cuantía por el perjuicio de 3.092 millones que supuso la salida al parqué el 20 de junio de 2011, más el tercio adicional previsto en el artículo 589 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
La Fiscalía Anticorrupción y el FROB --principal accionista-- se han opuesto a la fijación de esta medida al pensar que podría afectar al precio del título y perjudicar aún más a los inversores. Han argumentado que existen informes alternativos sobre la contabilidad de la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri y que el momento adecuado sería, en su caso, al término de la instrucción.
Al menos cinco acusaciones particulares se han adherido a la petición multimillonaria de UPyD --que fue rechazada por el juez por su condición de acusación popular-- y de forma subsidiaria cada una de ellos ha reclamado la cuantía en la que consideran que sus clientes son perjudicados. Los doce letrados representantes de los pequeños inversores han exigido fianzas que suman los 34,1 millones de euros, aunque alguno no ha cifrado el daño exacto.
