madrid - La cuando menos dudosa gestión de algunas entidades financieras, la mayoría antiguas cajas de ahorros, tendrá recorrido en los banquillos este año. Al menos nueve gestores bancarios, además de los de Bankia, se verán las caras con los jueces este año. Responsables de Caja Mediterráneo, Novacaixagalicia, CatalunyaCaixa, Caja Castilla-La Mancha y Bankia pasarán por los juzgados.

Todas las citadas entidades tuvieron que ser nacionalizadas en algún momento, a costa de miles de millones de euros de las arcas públicas. En todas ellas se detectaron irregularidades, que los fiscales ya han considerado en algunos casos causas de posibles delitos. Pero los motivos de la judicialización de sus responsables son bien diferentes. Las dietas recibidas, las prejubilaciones pactadas, los salarios adjudicados, las cuentas, o su salida a Bolsa están bajo la lupa de los jueces.

Entre los investigados y, en algunos casos entre los ya imputados, destacan presidentes y directores generales de esas antiguas cajas tradicionales. Todas son personalidades que gozaron del prestigio que se presumía iba con sus cargos. Pero si hay dos nombres que destacan sobre el resto esos son los de dos todopoderosos exvicepresidentes del Gobierno español, uno socialista, Narcís Serra -expresidente de Caixa Catalunya- y otro popular, Rodrigo Rato -expresidente de Bankia-.

A la lista se suman: Roberto López Abad, ex director general de CAM; Juan Ramón Avilés, exdirector de la comisión de control de CAM; Juan Pedro Hernández, expresidente de CCM; Idelfonso Ortega, ex director general de CCM; Julio Fernández Gayoso, excopresidente de NCG; José Luis Pegor, ex director general de NCG; Javier García de Paredes, ex director general adjunto de NCG; Óscar rodríguez Estrada, exresponsable institucional de NCG; Gregorio Gorriarán, exdirector comercial de NCG; y muy probablemente en próximas fechas se añadan: Adolf Todó, expresidente de CatalunyaCaixa; y su ex director general adjunto Jaume Masana.

En el caso de la caja catalana, que se creó tras la unión de Caixa Catalunya, Caixa Tarragona y Caixa Manresa, el proceso está en marcha. Un Juzgado de Instrucción de Barcelona mantiene abierto el proceso por los aumentos salariales asignados a los directivos cuando la entidad estaba al borde de la quiebra que reclamó la Fiscalía Anticorrupción. Finalmente los números rojos se impusieron y la caja fue rescatada y nacionalizada, para ser adjudicada finalmente a BBVA. Pero en el proceso Todó y compañía se subieron el sueldo. Nacís Serra, Todó, Masana y otros 39 miembros del consejo de administración podrían pasar por el banquillo en próximas fechas.

El que ya está en marcha es el juicio contra exdirectivos de CAM -adjudicada después al Banco Sabadell- por delitos de apropiación indebida y administración desleal por irregularidades en el cobro de dietas. Por la Audiencia Nacional han desfilado ya sus antiguos máximos responsables, defendiendo la legalidad de esas dietas, que según su argumento estaban además “por debajo de la media del sector”. También se juzgarán la presunta concesión de créditos irregularidades.

En otro de los casos pendientes la fiscalía pide penas de cárcel para seis de los dirigentes NCG, por las prejubilaciones millonarias que se adjudicaron. La entidad gallega, el resultado de la fusión de Caixa Galicia y Caixanova, fue rescatado y ahora está en manos de Banesco y opera con la marca Abanca. El juicio se celebrará antes del verano, con toda probabilidad.

Dos de los gerentes de CCM por su parte se sentarán en el banquillo por los créditos irregulares que se cree concedieron. La entidad, que fue la primera en desvelar sus carencias y fue absorbida en 2010 por Cajastur, está cuestionada por sus cuentas. Los responsables se enfrentan a la acusación de falseamiento de cuentas y administración desleal.

Pero si una entidad mirará a los banquillos esa es Bankia -Caja Madrid, Bancaja, Caja de Canarias, Caja Ávila, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja-. Tras que ser nacionalizada en 2012 su salida a Bolsa un año antes está siendo investigada, así como sus cuentas, en las que se escondió un agujero contable de más de 20.000 millones de euros.