Gasteiz - El Gobierno Vasco ha dado luz verde a la nueva estructura de la plantilla de Lanbide, tras dos años de negociaciones con los sindicatos que no han desembocado en un acuerdo. La Relación de Puestos de Trabajo (RPT) fija un total de 918 plazas en el Servicio Vasco de Empleo, frente a las 870 actuales, y contempla la creación de una nueva unidad de control para velar por la correcta tramitación de los expedientes de ayudas y evitar abusos y fraudes. La reorganización de la plantilla es el pistoletazo de salida para, a partir del año que viene, comenzar a dotar a Lanbide de nuevas herramientas para mejorar su capacidad de intermediación en el mercado de trabajo.

Con este objetivo asumió Juan María Aburto las riendas del Departamento de Empleo hace dos años, aunque las negociaciones de la nueva RPT han dilatado el proceso. Los sindicatos se han mostrado muy críticos con las propuestas de reorganización de Lakua, y han convocado movilizaciones con varias jornadas de huelga. Tras dos años de negociaciones, el Gobierno ha decidido no esperar más y activar en una primera fase esta RPT, que será culminada en una segunda parte en el mes de abril. El Ejecutivo quiere que la reorganización siente las bases de un servicio de empleo capaz, más allá de gestionar las prestaciones y ayudas, de reducir la tasa de paro. En una entrevista con este diario en noviembre, Aburto reconocía la necesidad de activar la RPT de manera inminente para “al menos poner en marcha una organización que dé servicio, porque no estamos dando un servicio adecuado”, admitía.

La naturaleza jurídica de Lanbide, transformado poco después de su creación en organismo autónomo, obliga a aprobar una RPT para contratar a trabajadores temporales e interinos. Precisamente la ausencia de esta RPT acarreó diversas irregularidades en los procesos de contratación en los dos primeros años de funcionamiento del organismo (2011 y 2012), cuando se produjo la fusión del personal del antiguo Inem, de Egailan y del propio departamento vasco de Empleo, cada colectivo con sus propias condiciones.

La RPT es también necesaria desde el punto de vista funcional ante la abultada carga de trabajo del organismo. La asunción de la gestión de la RGI bajo el mandato de Patxi López terminó de colapsar las oficinas. El equipo de Aburto recibió una auténtica patata caliente a finales de 2012, y su primera preocupación fue devolver la normalidad a Lanbide al menos en la tramitación de ayudas. El trabajo en la formación y búsqueda de empleo a parados, en cambio, sigue siendo una asignatura pendiente.

Aburto explicó ayer que el Ejecutivo ha mantenido una veintena de reuniones con los sindicatos para acordar la RPT, sin que se haya conseguido un acuerdo, y aseguró que se ha tenido en cuenta la visión de las centrales para configurar una relación de 918 plazas. La RPT se aprobará en dos pasos, el primero de ellos ayer para cubrir 180 puestos de los que 53 están vacantes. Estas plazas se cubrirán por concursos de traslado entre los funcionarios de la administración vasca.

El objetivo de Lakua es simplificar y homogeineizar la estructura de las oficinas para poder prestar un mejor servicio. El número total de plazas pasará de en torno a 870 a 918, por lo que el Gobierno asegura que no habrá destrucción de empleo. Sí podrían cambiar las personas que ocupen esas plazas, ya que algunos trabajadores temporales volverían a las bolsas de trabajo y podrían no ser recolocados. Lakua recuerda que no puede “consolidar por decreto situaciones temporales o interinas”.

Los sindicatos aseguran que habrá despidos y se cerrarán oficinas, incluso hablan de privatizaciones, y consideran que el número de plazas sigue siendo insuficiente. Además, esa unificación de los distintos colectivos podría conllevar modificaciones salariales a la baja en algunos casos, como denuncian las centrales.

Una vez se cubran estas primeras 180 plazas, se aprobarán los otros 738 puestos allá por el mes de abril para configurar la plantilla definitiva.

Una de las novedades es la creación de una unidad para controlar la gestión de ayudas y velar por que no se produzcan abusos, una oficina ya contemplada en los Estatutos. “Va a mejorar los procedimientos internos de Lanbide y trabajará en el control del posible fraude”, señaló Aburto.