Desde el Atlántico al Mediterráneo, desde Canarias hasta Baleares. Más de media península está en pie de guerra contra el Ministerio de Industria y Energía que dirige, por cierto, un canario, José Manuel Soria. Todo ello después de que el Ministerio de Medio Ambiente autorizara a finales del pasado mes de mayo los sondeos exploratorios en busca de petróleo en aguas próximas a Canarias. Los expertos cifran en unos 140.000 barriles diarios durante veinte años la cantidad estimada que podría extraerse a tan solo sesenta kilómetros del archipiélago canario. Por ello, en los últimos cinco años el número de solicitudes de permisos de investigación en las costas peninsulares y Canarias ha crecido un 80%, según datos del Ministerio de Industria. Los avances tecnológicos, que han hecho “accesibles” zonas que antes no lo eran, y el precio actual del crudo, han incrementado las opciones de hacer negocio extrayendo combustibles de origen fósil.

Ahora el punto de mira se encuentra en Canarias desde que hace un año y medio la petrolera Repsol anunció el hallazgo en sus aguas del “mayor descubrimiento de hidrocarburos de la historia de España” frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote; y obtuvo un permiso para realizar prospecciones a 60 kilómetros de la costa, que empezarán entre julio y septiembre.

La medida, aprobada por el Consejo de Ministros, se encontró con el rechazo frontal de organizaciones ecologistas y del propio Ejecutivo canario, cuyo presidente, Paulino Rivero, recientemente ha promovido un informe muy crítico elaborado por 17 científicos adscritos al Ministerio de Medio Ambiente. De producirse, los “vertidos de hidrocarburos causarían un importante impacto medio ambiental ya que podrían verse afectados ecosistemas con valores naturales de gran interés y la rica biodiversidad marina existente en las islas de Fuerteventura y Lanzarote, pudiendo ser dañadas igualmente otras islas del archipiélago canario”, concluye el citado informe. La propia Repsol, que había prometido una inversión de más de 7.500 millones de euros de encontrarse crudo, ha reconocido que estos “derrames catastróficos” podrían producirse, lo que aleja la posibilidad de prospecciones en un futuro inmediato.

Castor y los terremotos En los últimos meses otro proyecto relacionado con la extracción de hidrocarburos ha pasado a la actualidad en el Estado. Es el Proyecto Castor. Situado enfrente del Delta del Ebro, Castor es un inmenso sistema de almacenaje de gas natural capaz de contener 1.300 millones de metros cúbicos de gas. Después de varios estudios, el informe oficial del Instituto Geográfico Nacional (IGN) sobre los seísmos en el Delta del Ebro concluye de forma contundente que los 540 terremotos registrados fueron inducidos por la inyección de gas de la plataforma Castor y advierte que el fenómeno se desató debido a una falla hasta la fecha desconocida y no cartografiada.

Los ecologistas no solo advierten sobre las consecuencias en forma de terremotos como los que ocurre en el Delta del Ebro sino que alertan también de “los enormes riesgos de vertidos, incendios y contaminación” que afectarían a otros sectores importantes como la pesca y el turismo. Informes como este de Ecologistas en Acción de 2005 sobre prospecciones petrolíferas en aguas españolas o el de Comisiones Obreras sobre los impactos de las investigaciones concluyen que la prospección de hidrocarburos tiene en general efectos nocivos sobre la biodiversidad marina, sobre el lecho marino y, por consiguiente, en el sector pesquero. También puede ocasionar contaminación en aguas y playas, y perjudicar la actividad turística y el desarrollo sostenible. El sector se defiende de estas acusaciones y apela a que cumple con la normativa en vigor.

El proceso mediante el cual una compañía acaba extrayendo petróleo o gas del subsuelo consta de un ciclo con múltiples plazos, todos con riesgos, y que pueden llegar a abarcar más de 20 años hasta que se consigue el primer barril de crudo o de gas. En un primer momento se comienza con la exploración sísmica, un sistema que, por medio de potentes ondas de sonido, dibuja la forma de las distintas capas del subsuelo. A partir de los mapas generales se estudian los yacimientos y su posible viabilidad económica y técnica. Hay empresas especializadas en estas operaciones, y su negocio es vender estos estudios a las compañías productoras. Cuando un yacimiento es considerado viable, se da paso a la perforación de exploración; “la hora de la verdad”, tal como reconocen empresas productoras como Cairn Energy. El objetivo, analizar en detalle cada capa y evaluar las más rentables, para solo entonces comenzar con la producción (extracción) de los hidrocarburos.

Por ello, todas las autoridades locales se están posicionando en contra de las prospecciones petrolíferas. En las Cortes Valencianas, todos los partidos votaron a finales de 2011, aún durante el Gobierno de Zapatero, una proposición en contra de las prospecciones.

En 2012 con el nuevo Ejecutivo de Mariano Rajoy, Compromís ha presentado otra moción pidiendo la derogación de las licencias para la búsqueda de petróleo y gas. También varios ayuntamientos, como el de Valencia, Gandía (Valencia) o Nerja (Málaga), han aprobado mociones pidiendo al Gobierno la retirada de los permisos de investigación.

Igualmente los Cabildos de Lanzarote y Fuerteventura han solicitado al Ministerio que suspenda la tramitación de los permisos de prospecciones petrolíferas Canarias 1 a 9 frente a sus costas.

Cinco explotaciones. En el Estado hay actualmente cinco explotaciones petrolíferas en funcionamiento (Ayoluengo, Boquerón, Casablanca, Montanazo-Lubina y Rodaballo). Todas ellas producen en un mes aproximadamente unas 32.000 toneladas de crudo. En el último año la producción se ha disparado un 246,6%, gracias a la entrada en vigor del pozo de Montanazo-Lubina, el último en

desarrollarse. Hace solo cuatro años la producción de todo un año fue de 107.000 toneladas.

Cuatro yacimientos. Además, en el Estado hay otros cuatro yacimientos de gas natural (El Romeral, El Ruedo, Marismas y Poseidón). La producción también ha aumentado en el último año (un 15,4%). También existen plataformas en fase de explotación situadas en el Golfo de Bizkaia, las costas de Tarragona y en el Golfo de Cádiz.