Bilbao. "Otro baldón más en la marca España". Así de contundente se mostró ayer en Bilbao Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, al valorar la situación creada tras la suspensión de la subasta eléctrica celebrada el jueves. Para la formación jeltzale, la situación insólita producida, en la que el Gobierno español ha acusado a las compañías eléctricas de haber manipulado la subasta, dañará la imagen que proyecta España en el exterior y tendrá repercusiones.

A juicio de los jeltzales, la suspensión de la puja por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha creado una situación muy delicada y complicada. El proceso resulta "extraño porque, si se probara, como alguien dice que hay indicios, que ha habido una subida en el mercado provocada o pactada, sería muy grave". Igualmente, si se probará lo contrario, la situación sería "muy grave". "Veremos cómo sale el Gobierno del Estado de esta situación", dijo Esteban. "Como imagen del Estado es un auténtico desastre", incidió.

Esteban considera que el regulador ha tomado una decisión inédita. Ahora toca esperar a ver "cómo evoluciona el proceso, qué es lo que se prueba y en función de eso, pedir responsabilidades". El portavoz en el Congreso señaló que "el proceso es absolutamente inhabitual".

El también diputado del PNV en el Congreso Pedro Azpiazu argumentó en el mismo sentido que la decisión de la suspensión es "precipitada" porque "un día no es tiempo suficiente" para comprobar si en la subasta eléctrica se ha cometido un delito, el único motivo que hay para su anulación. "Todos sabemos que la CNMC no ha tenido tiempo suficiente para valorar la subasta", esgrimió. Y añadió que eso incide en que el Gobierno no ha tenido información suficiente para tomar una decisión así.

Para Azpiazu esa situación provoca que se ponga en duda "la independencia de esta comisión a la que el Gobierno parece que le ha pedido que suspenda o no avale la decisión del mercado de la Cesur".

"Veremos cómo acaba esto", repitió, un argumento usado también por los jeltzales Aitor Esteban y Arantza Tapia. "Si efectivamente hay un delito, es muy grave para las empresas en términos de competencia, sería un fraude que tendría consecuencias enormes" resaltó. "Por contra, si esto no es así y las empresas han actuado correctamente a la hora de configurar el precio, lo que es muy grave para el Gobierno es haber metido la pata de esta forma", insistió.

Con todos esos argumentos sobre el tapete, Azpiazu manifestó que la marca España está "a punto de caer, una vez más, en el ridículo", porque "esto no solo tiene repercusiones interiores, sino también internacionales".

Por último, la consejera vasca de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantza Tapia, afirmó que habrá que ver en qué queda todo esto porque "nos sitúa en un absoluto vacío y en una situación que no se ha producido, hasta ahora, en ningún lugar, con el correspondiente descrédito".