Lakua recurre al Constitucional para asumir la gestión de la ayuda de 400 euros a parados

El PNV alcanzó en 2010 un acuerdo con José Luis Rodríguez Zapatero en torno a esa transferencia para poner en marcha Lanbide, aunque fue el Gabinete de Patxi López quien lanzó un año después el Servicio Público de Empleo Vasco tras materializarse el traspaso. La prórroga de la ayuda de 400 euros aprobada el pasado mes de enero supone, a juicio del actual Departamento de Administración Pública, un ataque a la autonomía vasca precisamente en esa cuestión. El programa de asistencia a parados de larga duración sitúa a la Seguridad Social en el centro de la actuación cuando en Lakua se estima que ese papel le corresponde al organismo que coordina el resto de actuaciones en el ámbito laboral.

El Gobierno Vasco reclamó la gestión de la ayuda de los 400 euros el pasado mes de abril y ya advirtió entonces que acudiría al Constitucional si el PP le cerraba el paso a esa demanda. Tras seis meses de negociación y ante la falta de resultados en la comisión bilateral del Concierto, Euskadi da el paso del recurso de inconstitucionalidad y abre otro frente con el Estado, el sexto en lo que va de legislatura, y todo apunta a que la lista crecerá pronto con la nueva normativa educativa, la contestada ley Wert.

desaires de madrid En el actual contexto económico y con un Gobierno español entregado a las políticas que se dictan desde Bruselas y el FMI, la relación de bilateralidad entre la CAV y el Estado acumula varios desaires. El último se produjo a finales de julio, cuando el Ministerio de Hacienda impuso a Lakua un límite de déficit del 1,2% en una reunión con el resto de comunidades, las de régimen común. El Departamento vasco de Hacienda ni siquiera participó en aquel encuentro precisamente porque negocia esas cuestiones directamente con Madrid.

Mes y medio después se alcanzó un acuerdo y la CAV consiguió elevar el límite de su endeudamiento destinado a la financiación de las empresas a cambio de asumir el 1,2% de déficit. Con las actuales estrecheces presupuestarias se encuentra el modo de deshacer el nudo en temas con perfil político, pero la Comisión Bilateral se enreda en las cuestiones técnicas. Los parados que agotan las prestación del paro y el resto de subsidios reciben la ayuda de 400 euros -450 para los que tengan cargas familiares- durante seis meses. Rajoy amagó con acabar con el programa en su política de recorte del gasto pero finalmente anunció una prorroga hasta que el paro baje del 20% en el Estado, endureciendo eso sí las condiciones de acceso.

Junto con el respeto del marco competencial, el Gobierno Vasco quiere que sea Lanbide el encargado de tramitar y conceder el subisidio también para evitar que la ayuda esté al albur de las necesidades financieras del Estado. En ese caso también se evitarían los problemas técnicos en la Seguridad Social que provocaron retrasos el año pasado en el cobro de este dinero. Este programa de asistencia está acompañado por un itinerario de formación dirigido a facilitar la reinserción laboral de los parados y Lakua estima que Lanbide debe diseñarlo como el resto de políticas activas. Si se traspasa la competencia, Euskadi adelantaría el dinero y lo descontaría posteriormente en los pagos del Cupo.

En principio, el objetivo de formalizar la transferencia de la competencia no es modificar ni la cuantía del Plan Prepara ni retocar sus bases, pero es cierto que su gestión directa permitiría adaptarlo al perfil de los parados de larga duración de la CAV. Un tercio de los parados vascos, unas 50.000 personas, lleva más de 2 años en el paro, lo que implica que ya han agotado o están a punto de hacerlo las prestaciones. El año pasado unos 10.000 vascos accedieron a la ayuda de 400 euros.