MADRID. La inacción de la Unión Europea ante el sistema de tax lease del sector naval español será uno de los ejes del recurso que el Estado presentará antes del 28 de septiembre en contra de la resolución del comisario de Competencia, Joaquín Almunia, que obliga a los inversores a devolver las ayudas recibidas desde 2007, explicó ayer el ministro de Industria, José Manuel Soria.
Durante su comparecencia en el Congreso, citó la inacción comunitaria como uno de los argumentos de base para los dos principios que evocará el Gobierno ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que son la confianza legítima y la seguridad jurídica. La confianza legítima "supone que una institución europea ha hecho concebir esperanzas fundadas a un conjunto de ciudadanos". Esta confianza del sector procedía "en primer lugar de la inacción de la Comisión" y, en segundo lugar, de la carta de la entonces comisaria de Competencia, Neelie Kroes, en la que se daban por válidas las bonificaciones fiscales en España.
En cuanto al segundo principio del recurso, el de la seguridad jurídica, Soria consideró que "la Comisión no puede retrasar sine die el ejercicio de sus facultades" y provocar incertidumbre. Este principio ha sido vulnerado, a la vista de la "larga inacción" de la Comisión.
Soria explicó además que no se solicitarán finalmente medidas cautelares ante la Justicia Europea para que se suspenda la devolución de las ayudas mientras se resuelve el recurso. Los propios astilleros habían rechazado esa posibilidad al entender que podría ser un obstáculo para financiar nuevos buques y además la Justicia comunitaria no suele admitir este tipo de medidas.
