VITORIA. Las agencias privadas de empleo, conocidas como empresas de trabajo temporal o ETT, están llamadas a cobrar un papel protagonista en el mercado de trabajo. El Gobierno español, bajo mandato de Europa, apoyará con dinero público a estas agencias, que absorberán a una parte de las personas que atienden los servicios públicos de empleo. El objetivo de Rajoy era acordar con las autonomías un sistema de bonificaciones con premios para las ETT de hasta 3.000 euros por cada nuevo contrato, pero la CAV, Catalunya y Andalucía se han desmarcado del proyecto. El Gobierno Vasco rechaza este modelo y mantiene su apuesta por mejorar la capacidad de Lanbide como principal instrumento de intermediación laboral.
Bruselas no hace carrera con España a la hora de reducir su larga cola de parados. Tras ahogar al Estado español entre medidas de austeridad, la Comisión Europea busca la fórmula mágica que permita bajar el paro español sin renunciar al ajuste del déficit. La reforma laboral, que facilitó el despido y las rebajas de salarios, lleva en vigor año y medio y, salvo condicionantes temporales como las contrataciones de verano, España sigue sin crear empleo.
La Unión Europea viene recomendando desde hace años a los gobiernos que avancen hacia un sistema de colocación de parados mixto entre lo público y lo privado, algo que sí han hecho por ejemplo Francia o Reino Unido. Pero es en el último plan de reformas donde el Consejo Europeo pide directamente a Rajoy que incentive a las agencias privadas instándole a "acelerar la colaboración público-privada en los servicios de colocación de empleo para garantizar una aplicación efectiva en 2013".
El Gobierno español se ha puesto manos a la obra y ayer suscribió un acuerdo con 14 autonomías, todas salvo la CAV, Catalunya y Andalucía, para poner en marcha el nuevo sistema de intermediación laboral mixto y cumplir con la exigencia europea. El Ejecutivo español ha incluido en el informe una tabla con las ayudas públicas que recibirá la agencia en función del perfil del parado al que consiga colocar, así como de la duración del nuevo contrato.
Así, se establecen una serie de perfiles de desempleados en función de lo difícil que sea recolocarles. Para un parado joven que lleve pocos meses en paro, la bonificación sería la mínima, de 300 euros. La cantidad iría subiendo en función del tiempo que lleve el joven en el dique seco. El mayor botín llegaría al colocar a un desempleado de más de 45 años que lleve más de dos años sin trabajar, un total de 3.000 euros.
Además, el Gobierno español contempla dar una bonificación extra si el contrato dura más de un año. Una de las cuestiones clave de todo esto es cómo van a adecuarse las ETT a su nueva labor de buscar empleos estables cuando su naturaleza es precisamente la contraria.
El Gobierno español pretendía incluir a todos los territorios en el sistema, pero ayer no encontró consenso en la conferencia sectorial de empleo. El director de Planificación e Innovación en el Empleo del Gobierno Vasco, Xabier Ochandiano, afirma que Lanbide "no entrará en ese modelo" ya que el Ejecutivo de Iñigo Urkullu no es partidario de bonificar con dinero público a las agencias privadas, sino de mejorar las capacidades de las oficinas de empleo. Ochandiano entiende que aunque el sistema público-privado funciona en otros países, en el mercado laboral del Estado español no será efectiva la misma receta.
"En Euskadi seguiremos apostando por reforzar Lanbide y su vinculación con las instituciones locales para combatir el paro", apunta Ochandiano. El rechazo de Euskadi, Catalunya y Andalucía a financiar ETT no está basado en un argumento estrictamente presupuestario ya que, en un principio, la financiación correrá a cuenta del Estado, que abonará una partida a las comunidades que se han sumado al plan para que a su vez paguen a las ETT.
El rechazo de algunos territorios no impedirá que Rajoy impulse el nuevo sistema. Las ayudas irían dirigidas a ETT implantadas en todo el Estado, con lo que firmas como Adecco o Randstad podrían operar en Euskadi de la misma forma que en otras zonas aunque no reciban dinero de la administración vasca.
