MADRID. Según explicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo todos los servicios jurídicos y financieros de los ministerios de Industria y Hacienda están trabajando en el análisis, implicaciones y las consecuencias de la decisión de la Comisión Europea (CE).
"Nuestra voluntad es que sea un trabajo conjunto y una decisión coordinada de todos los afectados. Por tanto la próxima semana se mantendrá una reunión amplia con comunidades autónomas, sindicatos y patronal" para trabajar en la defensa del sector naval, las medidas necesarias para su pervivencia y dar confianza a los inversores, ha dicho Sáenz de Santamaría.
La vicepresidenta ha alabado "la inestimable colaboración" las autonomías afectadas y los agentes sociales y ha señalado que el Gobierno quiere continuar trabajando "de la mano" con ellos y por la vía del "consenso".
La vicepresidenta ha indicado que el naval español tiene actualmente un sistema fiscal "perfectamente legal que debe servir de plataforma" para defender "un sector competitivo", que genera "gran valor añadido", y garantizar su mantenimiento y a ser posible que amplíe el número de empleos que tiene.
El Gobierno ha analizado hoy un informe elaborado conjuntamente por Industria y Hacienda, departamentos que vienen trabajando juntos desde el comienzo del expediente abierto por las autoridades europeas a España.
Sáenz de Santamaría ha indicado que este documento aborda aspectos jurídicos, procesales y económicos, pero ha eludido anunciar si España ya ha decidido presentar un recurso hasta la celebración de la reunión con las autonomías, los sindicatos y la patronal.
"Permítame que los primeros en conocer sean los afectados", ha dicho.
El titular de Industria, José Manuel Soria, avanzó ayer que el informe estudiado hoy por el Consejo de Ministros contempla recurrir la decisión de Bruselas así como la petición de la suspensión cautelar de la devolución de las ayudas mientras se sustancia el recurso.
Por otro lado, la vicepresidenta tampoco ha concretado qué cantidad de dinero tendrían que devolver los inversores afectados por la decisión del Ejecutivo comunitario.
El pasado 17 de julio el Ejecutivo comunitario dictaminó que los beneficiarios del régimen fiscal establecido para el sector naval deben reembolsar las bonificaciones recibidas entre mayo de 2007 y 2011, aunque inicialmente las autoridades comunitarias planeaban que la devolución se remontara a 2005.
