La consejera Arantza Tapia se entrevistó ayer con todo el sector de construcción naval vasco con el que fijó una postura común. Foto: Pablo Viñas
Los navieros creen que sólo se podría exigir devolver las ayudas desde 2011
Gobierno Vasco y el sector naval acuerdan una postura conjunta ante Almunia
Xabier Aja
BILBAO. Uno de los resquicios legales por los que se podría solicitar que España no tenga que devolver el importe de las deducciones fiscales resultantes de aplicar el denominado tax lease en los contratos de buques construidos en la pasada década por los astilleros del Estado español lo esbozó ayer la Asociación de Navieros Españoles (Anave) que argumentó que, en todo caso, la medida de devolver las ayudas solo debería afectar al periodo que comienza en septiembre de 2011, que es cuando Bruselas abrió oficialmente el expediente a España por considerar que las prácticas fiscales en la construcción de barcos atentaban contra la competencia.
El presidente de Anave, Adolfo Utor, recordó que desde la publicación de este "dictamen motivado" de la UE el 21 de septiembre 2011, apenas se produjeron nuevas contrataciones de barcos en los astilleros del Estado "ante la posibilidad de que los tax lease pudieran ser ilegales".
La fijación de esta fecha como referencia para la devolución contrasta con la de 2005 que ha manejado en público el comisario de Competencia, Joaquín Almunia, y que corresponde al momento en el que se reconoció la ilegalidad de las ayudas concedidas por Francia, país que nunca tuvo que devolverlas. Para Utor, obligar a devolver las ayudas sería "un atentado contra la seguridad jurídica que dejaría a la mayoría de astilleros sin clientes". Los navieros forman junto a los financiadores los grupos que deberían devolver los tax lease, si bien el presidente de Anave se apuntó a la tesis de los astilleros de que los afectados finales serían estos últimos ya que se produciría un "efecto en cadena".
Mientras tanto en Euskadi se acumulan las iniciativas para apoyar al sector de construcción naval. Ayer, el Gobierno Vasco, con la consejera de Desarrollo Económico, Arantza Tapia, a la cabeza se reunió con el conjunto del sector y llegó a un acuerdo para defender de forma conjunta el futuro de los astilleros ante las autoridades de Bruselas.
El presidente del Grupo Zamakona, Pedro Garaygordobil, que valoró positivamente la postura de Tapia, reconoció que a estas alturas solo "con presión política" se podrá hacer modificar la posición del comisario Almunia y evitar que el representante de la UE se "cargue" la construcción naval en el Estado español. Garaygordobil cree que tras dos años sólo cambiará de postura si alguien dice "hasta aquí hemos llegado".
