madrid. La reforma laboral del PP no ha servido para crear empleo pero sí está cumpliendo con creces uno de sus grandes objetivos, permitir a las empresas despedir más barato. El Gobierno valoró ayer positivamente el hecho de que el coste medio por rescindir el contrato de un trabajador se haya reducido desde que se aprobó la reforma en febrero del año pasado hasta 26 días de sueldo, es decir, algo menos que un salario, multiplicado por el número de años trabajados, con un tope de 16 mensualidades.

El director general de Empleo, Xavier Thibault, aseguró ayer en unas jornadas que la indemnización improcedente de 45 días por año trabajado, vigente antes de aprobarse la reforma, ya no es una realidad prácticamente en ninguna empresa. El coste medio del despido ahora cae incluso por debajo del fijado antes para los despidos procedentes, de 33 días de sueldo por año trabajado, y se sitúa en 26 días "y bajando", celebró Thibault. Abaratar el coste del despido era una de las mayores demandas de la patronal española y también de diversos organismos como el Banco Central Europeo (BCE) o la propia Comisión Europea. De ahí que el Ejecutivo de Rajoy se apresurase nada más comenzar la legislatura a llevar a cabo una profunda reforma del mercado de trabajo que como punto fuerte incluye una indemnización por despido de 20 días de sueldo con un máximo de 12 meses de salario para empresas con descensos de ingresos o ventas. Es decir, para una nómina media en Euskadi de 1.900 euros -según datos de 2010- la indemnización máxima en estos casos quedaría ligeramente por debajo de 23.000 euros.

Sin embargo, en muchos casos los despedidos no acumulan tanto tiempo de contrato y son despedidos por cantidades mucho menores. De hecho uno de los principales argumentos de los sindicatos contra la reforma de Rajoy es que deja desprotegidos a los trabajadores.

El Ejecutivo del PP apuntó ayer que otro de los efectos de la reforma laboral está siendo el aumento de la flexibilidad interna a través de modificaciones de las condiciones de trabajo. Thibault precisó que han crecido las inaplicaciones de convenio -el llamado descuelgue- lo que según apuntó está sirviendo para "salvar puestos de trabajo".