vitoria. Euskadi fue la comunidad autónoma en la que más subieron los precios en septiembre. El IPC creció el mes pasado un 1,1% en la CAV, al mismo nivel que Andalucía y Castilla-La Mancha. Sin embargo, en el caso vasco no se registra una de las variables inflacionistas del conjunto del Estado: el repunte de los medicamentos a causa del copago farmacéutico. En otras palabras, el impacto del IVA se ha dejado notar más en la Comunidad Vasca que en otras regiones. Malas noticias para las economías familiares porque se trata de un impuesto que afecta a todos los hogares por igual.
Aún así, según los datos adelantados ayer por el Instituto Nacional de Estadística, la CAV se mueve por debajo de la media del Estado en términos interanuales. En concreto, los precios vascos han subido un 3,1% en los últimos doce meses, ligeramente por debajo del 3,4% español. Una distancia engañosa debido a que el resto de las comunidades sufrieron en julio el impacto de la subida de las medicinas. En este delicado contexto todo apunta a que el Gobierno Vasco que salga de las urnas el próximo 21 de octubre tendrá que asumir el copago farmacéutico, hoy en día en suspenso por el recurso presentado por el Ejecutivo de Patxi López.
Los medicamentos han repuntado un 13% en el conjunto del Estado en lo que va de año, pero solo algo más de un 3% en la CAV. Los mayores incrementos mensuales se dieron en los precios vascos en Vestido y el Calzado, con un alza del 5,6%, Medicina, con un 2,8%, y Comunicaciones, con el 2,4%. Por territorios, Gipuzkoa anotó un aumento mensual del 1,3%, Bizkaia del 1% y Álava, del 0,8%, de manera que las tasas interanuales se elevaron al 3,3% para los precios vizcaínos, al 3,1% para los guipuzcoanos y al 2,9% para los alaveses.
precios altos, salarios bajos En una valoración al respecto, la CEOE afirmó que la subida del IPC habría sido mayor si los empresarios no hubieran optado por absorber parte de la subida del IVA. También ayer los sindicatos pidieron al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que dé marcha atrás. Comisiones Obreras calificó de "nefasta" la subida registrada en Euskadi, al tiempo que recordó a través de una nota que ya en su día alertó de que la subida del IVA tendría como consecuencia inmediata "el alza generalizado de los precios" y que afectaría "de manera directa a quienes tienen menos recursos, ya que emplean mayor parte de la renta en adquirir bienes de primera necesidad". Para los ciudadanos, el resultado final puede ser muy amargo si se añaden en el mismo cóctel precios altos y salarios bajos. Mientras que el trago tiene una difícil digestión para el Gobierno español. Dos de sus acciones en la batalla de la consolidación fiscal, el copago de los medicamentos y la subida del IVA, han propiciado que se desboque una variable que hasta mediados de año estaba controlada.
Y eso al margen de la afección al bolsillo de los ciudadanos tiene una proyección en las arcas del Estado. El IPC de noviembre es la referencia que se utiliza para revalorizar las pensiones cada año. El diferencial respecto al 1% de incremento aplicado en enero ya se sitúa en el 2,4% a falta de dos meses y las perspectivas más optimistas señalan que los precios crecerán otra décima de aquí a final de año. Eso supondría que la extra compensatoria de los pensionistas supondría para el Estado un desembolso no previsto de cerca de 5.000 millones de euros. De ahí que la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, eludiera el pasado miércoles aclarar si el Ejecutivo español cumplirá la ley que revalorizará las pensiones o se limitará a garantizar la subida del 1% también presupuestada para el próximo año. El Gobierno del Partido Popular confía en que los precios se moderen en octubre y noviembre para limar esa cifra, pero es posible que juegue la partida con un as en la manga. El INE presentó en la jornada de ayer un nuevo IPC a Impuestos Constantes, que no registra, junto a otras subidas fiscales, el notable efecto que tendrá la subida del IVA en el coste de la vida.
nuevo ipc Según esa referencia, los precios solo han subido un 1,4% en los últimos doce meses y en ese caso el ajuste de las pensiones a los precios sería de apenas cuatro décimas. La paga compensatoria solo le costaría a Madrid 800 millones de euros, con lo cual el ahorro rondaría en ese caso los 4.200 millones, asegurándose que el objetivo de control del déficit no sufriría un duro golpe. Hasta ahora, desde el Gobierno de Rajoy se había insinuado esa posibilidad. Ayer, el secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, abrió las puertas de par en par a un cambio del indicador de referencia para revalorizar las pensiones y utilizar el del IPC a impuestos constantes. "El indicador de referencia también habrá que decidirlo", respondió Latorre en la rueda de prensa para valorar la subida de la inflación. Incluso sugirió que el cambio de referencia es legal. En cualquier caso, el secretario de Estado advirtió de que el Gobierno decidirá si revaloriza o no las pensiones cuando tenga toda la información relevante. Entre las variables que marcarán si se adapta al coste de la vida la nómina de jubilados, viudas y personas incapacitadas para trabajar entran cuestiones como el propio dato del IPC o el grado de cumplimiento en la batalla contra el déficit, añadió.
