MADRID. El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, se dirigió ayer al Tribunal Constitucional para negar que los presupuestos de 2013 incumplan estatutos de autonomía e invitó a las comunidades autónomas a reducir gasto innecesario y centrarse en mantener la sociedad del bienestar.

"Deben centrarse en educación, sanidad y servicios sociales y el resto en estos momentos sobra", subrayó Beteta en declaraciones a los medios tras reunirse con miembros del grupo popular en el Congreso para hablar sobre los Presupuestos Generales del Estado de 2013, que se registraron el pasado sábado en la Cámara Baja.

Preguntado por las críticas de Comunidades por rebajar las transferencias en un 12%, Beteta afirmó que comprende que "cuando el traje se vuelve estrecho todo el mundo quiere que sea más ancho". A su juicio, en el actual contexto de crisis lo que deben hacer es ejecutar sus planes económico-financieros y reducir empresas públicas. A este respecto, recordó que el Ministerio de Hacienda está realizando un seguimiento y "una monitorización permanente de la norma".

En lo que se refiere a las disposiciones adicionales de los estatutos de autonomía "se respetan en los términos en los cuales los ha interpretado el Tribunal Constitucional", dijo Beteta, en el sentido de que "es competencia de las Cortes Generales concretar según la situación económica cuales son las cantidades" que corresponden.

El secretario de Estado dejó claro claro que las comunidades "ven garantizada su financiación corriente" a través de los Presupuestos y en las entregas a cuenta, "que se pagarán en tiempo y forma tanto en la liquidación de hace dos años como a través de esos mecanismos extraordinarios de financiación como el fondo de liquidez autonómica".

Tras asegurar que el anteproyecto de los presupuestos para 2013 es "serio, riguroso y creíble", Beteta subrayó que en atención a que ocho de cada diez euros del gasto autonómico van dirigidos a servicios básicos su reducción ha sido mucho menor a la que por ejemplo se ha aplicado al gasto ministerial (8,9 %).