El grupo de Bildu en las Juntas Generales de Alava solicitó ayer a la Diputación que realice un informe jurídico para confirmar que todas las actuaciones ligadas a la firma Epsilon -en las que la Álava tomó parte a través de su participación en el PTA- "se ajustan a la legalidad". La quiebra de Epsilon, que en la pasada legislatura recibió ayudas públicas por valor de 50 millones, llevó al Gobierno Vasco a acordar con Kutxabank el pago de 16,3 millones por el crédito concedido.
